Esta huelga se inició el pasado 24 de enero con el objetivo de lograr mejoras salariales. El Ministerio de Justicia acordó el pasado lunes un aumento de hasta 450 euros brutos al mes, lo que permitió que finalizara la huelga.
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha anunciado este miércoles que el paro de los letrados ha provocado un "funcionamiento irregular" en la Administración de Justicia, lo que exige que los poderes públicos involucrados adopten una serie de medidas para mitigar las graves disfunciones que ha generado.
El Consejo General del Poder Judicial ha instado a la Comisión conformada dentro del Ministerio de Justicia, la cual está integrada por el mismo Consejo, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias delegadas en materia de Justicia, a que adopten con "urgencia" las medidas necesarias para asegurar el retorno a la normalidad en el funcionamiento de los órganos judiciales que han sido afectados por la huelga.
Asimismo, ha solicitado a los presidentes del Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, que presenten informes sobre las medidas que serían necesarias para normalizar la situación generada por la huelga en los órganos de los que son responsables.
