Reforma de la LECrim y la Ley del Jurado

Conformidad premial y procedimiento de Jurado

Foro Coordinador: Gemma Gallego

Planteamiento

En el año 1995, la LO 5, de 22 mayo -EDL 1995/14191-, vino a establecer el Tribunal del Jurado que anunciaba la Constitución española en su art. 125 -EDL 1978/3879-, disponiendo en el artículo 1.2º cuáles eran los delitos cuyo enjuiciamiento y fallo, debía seguir este procedimiento: Su extenso ámbito de aplicación y las sucesivas pautas de desarrollo hasta la sentencia que pone fin al acto de juicio, han sido ampliamente criticados por "excesivos".

Por otra parte, la Ley 38/2002 de 24 octubre -EDL 2002/41133-, vino a modificar los Procedimientos Especiales del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, regulando los llamados "juicios rápidos", y estableciendo un procedimiento para el enjuiciamiento de determinados delitos, con la llamada conformidad "premial", es decir, la rebaja en un tercio de la pena, que se establece en el art. 801 LECrim -EDL 1882/1-.

La cuestión que hoy se plantea, está en la línea de una reforma ya anunciada, no sólo de la Ley de Enjuiciamiento (EDL 1882/1) -cuyos primeros apuntes conocemos ya- sino también de la Ley del Jurado... y versa sobre la posibilidad de establecer la conformidad privilegiada ante el Juzgado de Instrucción, en los supuestos en que los hechos fueran constitutivos de un delito que, comprendido entre los relacionados en el citado art. 1.2 LOTJ -EDL 1995/14191-, estuviera castigado con pena incluida dentro de los límites previstos en el art. 801 LECrim.; por ejemplo, en un supuesto de allanamiento de morada.

 

Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de abril de 2013

Puntos de vista

Almudena Congil Díez

La LOTJ 5/1995, de 22 mayo, en su capítulo III regula el procedimiento para ...

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Ana Isabel Vargas Gallego

La competencia que nuestro ordenamiento otorga al Tribunal del Jurado viene e...

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Manuel Estrella Ruiz

Se nos plantea si un detenido por delito competencia del Jurado, respecto del...

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María Luzón Cánovas

En el sistema procesal español, la norma común de determinación de la comp...

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Mª José García-Galán San Miguel

El art. 125 CE -

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Resultado

La posibilidad concreta que plantea la cuestión, tiene una anunciada respuesta de los ponentes, que viene de lege data: "con la regulación actual, no es posible aplicar el Procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido de determinados delitos, a aquellos delitos cuyo enjuiciamiento corresponde al Tribunal del Jurado".

No obstante ello, también la mayoría de aquéllas asume cómo "en ninguno de dichos cuerpos legales se excluye de forma expresa tal posibilidad".

El bien elaborado análisis de la cuestión acometido en las diferentes respuestas y que abarca desde la comparación de las respectivas Exposiciones de Motivos de las Leyes reguladoras de los diferentes Procedimientos, a los concretos preceptos legales, abunda en que la realidad de que "muchos de los delitos enumerados en el art. 1.2 de la LOTJ -EDL 1995/14191-, atendida su penalidad en abstracto, cumplirían los estándares exigidos en el art. 795 de la LECrim. -EDL 1882/1- para su tramitación por los cauces del juicio rápido y permitirían el dictado de una sentencia de conformidad por los cauces del art. 801 LECrim. ".

Esto explica la razón de que algunos autores hayan defendido "la aplicabilidad de la conformidad privilegiada a aquellos delitos, porque "no se hizo el delito para el procedimiento, sino el procedimiento para el delito", y porque una interpretación distinta, conculcaría el principio de unidad del sistema de justicia penal, principio proclamado por el Tribunal Supremo".

Con tales apuntes, y superando la interpretación puramente sistemática y literal se aboga, en la mayoría de las respuestas, por una suerte de "interpretación finalista... extensiva del art. 801 LECrim. -EDL 1882/1-"; tanto por entender que "las normas sobre la conformidad "premial"... tienen vocación integradora y extensiva, siempre que no contraríen flagrantemente la singularidad de un determinado proceso, cosa que aquí no ocurre", como de modo más genérico, por la "supletoriedad prevista por el artículo 24.2 LOTJ -EDL 1995/14191-: «La aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será supletoria en lo que no se oponga a los preceptos de la presente Ley» ... y ello, a la vista de que no se opone a ningún precepto de la LOTJ (sencillamente no se prevé, pero tampoco puede decirse que se prohíba)".

También se aducen simples "razones de justicia material: "cualquier acusado dispuesto a reconocer los hechos, con independencia del proceso al que se encontrara sometido, debiera poder beneficiarse de una misma consecuencia jurídica, cual es la rebaja penológica del tercio prevista en dicho art. 801 -EDL 1882/1-, situándolos en un plano de igualdad".

Y concluyen todas las respuestas: "como ni siquiera la justicia material puede justificar cualquier interpretación contra legem... sería aconsejable bien abordar una reforma legal que regule de forma unívoca el instituto de la conformidad, haciéndolo aplicable, con iguales consecuencias penológicas, a todo tipo de procedimientos, sin distinción alguna".