PENAL

Correos electrónicos y derecho de defensa

Foro 01-01-2014 Coordinador: Gemma Gallego

Planteamiento

Resulta frecuente en la actualidad que, mientras se desarrolla la fase de instrucción judicial para la averiguación de cualesquiera conductas delictivas, los imputados, ya para articular su propia defensa, ya para afianzar la imputación de terceros que hasta ese momento son ajenos a la causa, comienzan a divulgar - más a menudo, como prueba de la implicación de aquéllos en los hechos objeto de investigación- los diferentes correos electrónicos que han venido intercambiando en el curso de sus relaciones societarias, laborales e incluso personales...de forma que lo hasta entonces se trataba de materia "confidencial" remitida para su único destinatario, pasa a nutrir las páginas de noticias de los medios escritos, las tertulias periodísticas, y en general cualesquiera espacios en los medios de comunicación.

Nadie parece discutir que el derecho a la libre información ampara su divulgación y su correlativa difusión mediática... pero sin embargo, en ocasiones, no podemos evitar ir más allá y cuestionarnos cuáles serían las implicaciones en relación al proceso penal en el que se incorporan dichos correos para su valoración como prueba si, de la información que aportan, pudiera deducirse, por ejemplo, la implicación del/los letrados de los imputados que, en el ejercicio de su función -como derecho-deber- de defensa de sus clientes, les han aconsejado, sugerido o favorecido la realización de conductas constitutivas de delito.

La cuestión que se plantea es si siendo lícito para el imputado aportar en el marco del proceso penal, los mensajes de correo electrónico mantenidos con terceras personas, para exonerarse a sí mismo o para implicar a terceros en los hechos investigados, es igualmente válida la aportación a la causa de aquéllos cuya información puede implicar la vulneración del derecho de defensa de los imputados.

 

Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 1 de enero de 2014.

Puntos de vista

Ana Isabel Vargas Gallego

El art. 24 CE -

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Manuel Estrella Ruiz

El supuesto que se nos plantea, no ofrece obstáculo alguno en materia de sec...

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García Moreno

La valoración de la licitud de la aportación en el marco del proceso penal ...

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María Luzón Cánovas

El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes a su defensa, como der...

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Resultado

Partiendo del análisis de la licitud del supuesto de hecho en cuestión, se invoca como marco general, la doctrina jurisprudencial del TC y del TEDH para las que "el concepto de secreto a los efectos de la protección constitucional no sólo cubre el contenido de la comunicación (cualquiera que sea el sistema empleado para realizarla), sino también, en su caso, otros aspectos de la misma... doctrina que supone que, ni hay secreto para aquél a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones ...la revelación del contenido del mensaje por parte del destinatario del mismo".

Como en otros temas, se señala que el problema se plantea por el hecho de que, la LECrim. -EDL 1882/1- no establece pautas para la intervención de las comunicaciones telemáticas... "De ahí que existan tantas dudas como interrogantes quieran plantearse"... si bien en relación a los correos electrónicos de los que se trata, "nada puede tachar a su aportación al proceso y desde el prisma del art. 11 LOPJ -EDL 1985/8754-, que en definitiva es el meollo de la pregunta, nada cabe objetar".

Del concreto análisis de su trascendencia en el proceso penal, se considera que "la aportación de correos electrónicos por la persona receptora del mismo, o por su representante legal en el procedimiento penal, constituyen un medio de prueba sujeto al tratamiento general de los medios de prueba", y se estudia su concreta incorporación, ya cuando el contenido pudiese constituir un ataque al derecho a la intimidad recogido en el art. 18.1 CE -EDL 1978/3879- e integra una violación del secreto de las comunicaciones, que deriva necesariamente "en la nulidad de dicha prueba por infracción de éstos derechos fundamentales, sin perjuicio de que además pudiera incurrir en un delito de descubrimiento y revelación de secretos previsto en el artículo 197 del Código Penal -EDL 1995/16398-" ya cuando incide directamente en el derecho de defensa, vulnerando el art. 24 CE en su apartado segundo, que "contempla la existencia del derecho al secreto profesional, configurándolo como una parte integrante, imprescindible e inseparable del derecho a la defensa".

Si este derecho determina ineludiblemente "la inmunidad del intercambio de información entre éste y su abogado (que es inherente a la relación profesional entre el abogado y su cliente), toda vez que cualquier persona ha de poder confiar fundadamente en que no colaborará a la obtención de un elemento probatorio contra sí misma por medio de la comunicación de información a su abogado defensor en virtud de la relación de confianza (ligada al secreto profesional) que le une a éste... "la escucha que afecte a un abogado defensor frente al cual no existan indicios de delito, supondrá una ruptura total del derecho de defensa..." y la conclusión es clara:

"La línea jurídica para la legítima investigación e instrucción debe seguir escrupulosamente su adecuado curso procesal, sin alteraciones y sin la utilización de medios ilegales para encontrar la verdad, respetando en todo momento la Ley y los derechos fundamentales amparados bajo las garantías constitucionales ligadas a la noción misma de seguridad jurídica."

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