URBANISMO

Expropiación por ministerio de la Ley

Foro 01-12-2012 Coordinador: Berberoff Ayuda

Planteamiento

Las distintas legislaciones autonómicas en materia de urbanismo han venido a recoger, con variados matices, la previsión contenida en el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 -EDL 1976/979-, relativa a la expropiación por ministerio de la Ley, instituto concebido como una garantía en beneficio de los propietarios de terrenos respecto de los que no resulta posible materializar el aprovechamiento urbanístico, por ejemplo, por no ser edificables, no susceptibles de cesión obligatoria o, en definitiva, ante la no consecución de la distribución equitativa de los beneficios y cargas del planeamiento.

Ante el contexto de la severa crisis económica que azota tanto a ciudadanos como a Administraciones Públicas cabría indagar la actual efectividad de la expropiación por ministerio de la Ley.

Con abstracción de su explícito reconocimiento en las distintas Comunidades Autónomas ¿qué fundamentos podría esgrimir el propietario afectado para reclamar su aplicación?.

Desde una órbita procedimental ¿cabría invocar el artículo 29 LRJCA -EDL 1998/44323- (inactividad de la Administración frente a una obligación impuesta legalmente)?algunas Comunidades Autónomas no pueden "atender" de facto (por la envergadura económica de sus efectos) las previsiones que sobre expropiación por ministerio de la Ley reconocen sus respectivos ordenamientos urbanísticos, introduciendo otras (como, por ejemplo, Cataluña) modificaciones legislativas para diferir o suspender la eficacia temporal de dicha garantía ¿Resistirían estas situaciones o medidas una confrontación constitucional?.

 

Este foro ha sido publicado en el "Boletín de Urbanismo", el 1 de diciembre de 2012.

Puntos de vista

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Resultado

Ciertas aproximaciones al planteamiento esbozado definen la expropiación por ministerio de la ley como un "derecho a ser expropiado", en el contexto de una ejecución detallada del planeamiento y temporalmente acotada.

Se aprecia sin dificultad una tensión a la hora de anidar los fundamentos de esta garantía, que opera a caballo entre las causas de utilidad pública habilitantes de una intervención expropiatoria y su finalidad esencialmente urbanística.

Que el tema no es pacífico se manifiesta también a través de las divergencias que emergen entre quienes afirman la estrecha vinculación de este instituto con las garantías del derecho de propiedad privada (art 33 de la Constitución – EDL 1978/3879-) y los que declinan dicha relación sobre la base de negar que responda a un mandato constitucional en dicho sentido

La previsión del artículo 29 LRJCA -EDL 1998/44323- es también susceptible de observarse bajo prismas diferentes, pues frente a los proclives a su admisión sobre la base de apreciar un supuesto especial de inactividad material, no faltan quienes acometen indagaciones desde la perspectiva contraria, fundamentadas en la imposibilidad de constatar directamente la pasividad administrativa, en suscitar dudas en torno a un eventual contexto de silencio positivo y, en suma, en la dificultad de deducir prestaciones concretas en favor de personas determinadas.

En el contraste constitucional del análisis de la suspensión temporal de esta garantía, además de la propiedad privada, entran en escena la igualdad, la seguridad jurídica, y la competencia estatal para regular las posiciones jurídicas básicas de los ciudadanos y -una vez más- no son unánimes las conclusiones en torno a si esas medidas legislativas resisten una confrontación constitucional.