El informe presentado recoge los objetivos y los programas estratégicos puestos en marcha desde el Gobierno para acercar la justicia digital a los profesionales y los ciudadanos, proporcionar a los juzgados, tribunales y fiscalías las herramientas informáticas más avanzadas, impulsar el intercambio de información entre las comunidades cuya Justicia gestiona el ministerio y las que tienen las competencias transferidas, y, en definitiva, facilitar el trabajo diario de los jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia que cada día usan esos sistemas.
El documento presentado contempla un Plan para racionalizar el uso de las nuevas tecnologías y su adaptación a las necesidades reales de jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia y funcionarios judiciales. El informe incluye la renovación de los equipos -ya se han entregado más de 8.000 ordenadores y 2.600 tabletas-, la transformación digital de las salas de vistas para renovar sus sistemas de grabación y la implantación de sistemas de textualización de las declaraciones (que subtitulan las imágenes de forma automática).
También se introducirán nuevas aplicaciones como las que permitirán la anonimización automática de documentos judiciales electrónicos -para dar una mayor protección a los datos de carácter personal de los usuarios- o dispositivos de identificación biométrica. Los ciudadanos verán incrementarse paulatinamente el tipo de escritos que podrán presentar a través de la Sede Judicial Electrónica y se creará un almacén electrónico judicial en la nube para los abogados y procuradores, operadores que, a través del Escritorio para Profesionales, podrán tener acceso remoto a los expedientes judiciales.
La aprobación de esta Estrategia ha venido acompañada por la autorización de dos contratos para nuevas tecnologías por un valor total de 164 millones de euros. El primero es un encargo a la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Fomento, para el apoyo a la Justicia Electrónica, la gestión del centro de desarrollo y la transformación digital de sedes judiciales. El encargo extenderá su vigencia desde este año hasta 2022 y está valorado en 99.724.637,31 euros.
El segundo contrato aprobado, cuyo valor máximo estimado asciende a 64.384.365,69 euros y tendrá también una vigencia de hasta cuatro años, da continuidad operativa a los servicios de Justicia Digital, Fiscalía Digital y el resto de sistemas que dan apoyo a las oficinas judiciales, fiscales, registros civiles, institutos de medicina legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
