¿Hace falta personación como parte en el proceso penal incoado por accidente de tráfico para entender interrumpido el plazo para ejercer después la acción civil?

La acción de responsabilidad extracontractual ejercitada al amparo del art. ...

La acción de responsabilidad extracontractual ejercitada al amparo del art. 1902 CC (EDL 1889/1) está sometida al plazo de prescripción de un año desde que lo supo el agraviado (art. 1968.2 CC), regulando el art. 1973 del mismo texto legal los actos interruptivos, entre ellos su ejercicio ante los tribunales.

Por su parte, el art. 1969 CC dispone en cuanto al cómputo del plazo de prescripción que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse y existiendo procedimiento penal en curso en averiguación de un delito o falta, ciertamente dicho proceso se constituye en obstáculo para el ejercicio de la acción civil de responsabilidad extracontractual hasta que concluya la causa penal.

La jurisprudencia del TS establece que la acción civil sobre el hecho que motiva la apertura de un proceso penal no puede ejercitarse hasta que sea resuelta la cuestión penal; dicho de otra manera, el fallo de la cuestión civil no se hace posible hasta la decisión del proceso penal, bien sea mediante sentencia o por auto de sobreseimiento firme, de tal forma que mientras esté subsistente, cualesquiera que sean las personas implicadas, el perjudicado no puede formular la demanda civil, ni contra ellas, ni contra otras distintas. Así resulta del art. 111 LECrim (EDL 1882/1)  (u0022mientras estuviese pendiente la acción penal, no se ejercitará la civil con separaciónu0022) y art. 114 LECrim (u0022promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho...u0022), y ello, como establece la citada doctrina jurisprudencial, respondiendo a la necesidad de evitar que por los órganos de distinta jurisdicción a la penal se puedan efectuar pronunciamientos que contraríen lo que allí se resuelva; contradicción que podría producirse aun en el supuesto de que fueran distintas las personas demandadas en el orden civil, pero siempre, claro está, que el proceso penal y el civil correspondiente versaran sobre el mismo hecho y se asentaran sobre iguales presupuestos.

Con cita a título ejemplificativo de la sentencia del TS de 3 de mayo de 2007 (EDJ 2007/28945):

u0022En los procedimientos civiles seguidos en ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, una vez concluido el correspondiente proceso penal previo, esta Sala tiene declarado que el plazo de prescripción de las acciones, cuando las partes están personadas en el procedimiento, empezará a contarse desde el día en que pudieron ejercitarse, a tenor de lo establecido en el art. 1969 del Código Civil, lo que puesto en relación con los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 24.1 de la Constitución Española, debe situarse temporalmente en el momento en que la sentencia penal recaída o el auto de sobreseimiento, notificados correctamente, hayan adquirido firmeza, puesto que es ese instante se conoce el punto final de la paralización operada por el proceso penal y la correlativa posibilidad de actuar en vía civil, con arreglo al mencionado artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, (…) con independencia a estos efectos de cuando sea declarada materialmente la firmeza y cuando sea notificada; interpretación de la norma que el propio Tribunal Constitucional, en sentencia de 19 de julio de 2004, ha señalado como criterio interpretativo razonable de lo dispuesto en los arts. 1969 CC y 114 Ley de Enjuiciamiento Criminal pues la constatación formal de la firmeza solo significa una mera declaración de haber precluido las posibles impugnaciones en el propio proceso, por recursos ordinarios o extraordinariosu0022.

La cuestión relativa a la necesidad o no de personarse en el proceso penal para entender interrumpido el plazo de prescripción anual de la acción civil, pasa por la distinción entre “diligencias penales”, estricto sensu y las llamadas “diligencias a prevención”, pues estas últimas no tienen la consideración de diligencias penales en términos procesales y, por tanto, el auto de archivo de las últimas no tiene el mismo efecto y consecuencias que el archivo de las diligencias previas.

En efecto, es comúnmente sabido que las diligencias previas, con las que en el u0022usus foriu0022 se materializa y encuadra la denuncia o la querella que pone en marcha el proceso penal, presupone la existencia, o al menos la denuncia, de un hecho que revista los caracteres de delito. Incoadas y tras la pertinente investigación, se pueden transformar en sumario o procedimiento abreviado, según la naturaleza del hecho investigado, o se puede llegar a un sobreseimiento y/o archivo, por no ser los hechos consecutivos de delito, por no existir autor conocido o declaratorio falta. Durante esa fase de investigación se han recibido declaraciones, recogido pruebas y ofrecido el procedimiento a los perjudicados, por lo que lo procesalmente procedente es notificar tal resolución (archivo en sentido general) a dichos perjudicados; y como quiera que a partir de esa resolución (de su notificación) es cuando queda expedita la vía civil, es en ese momento en el que comenzará a correr el término prescriptivo del art. 1968.2 CC.

Un accidente de circulación, inicialmente encuadrable en el art. 621 CP, no supone necesariamente la iniciación o incoación de proceso penal alguno de oficio, salvo que en el término de los seis meses subsiguientes el perjudicado presente denuncia, que aprovechará al resto de los implicados. La consecuencia de la inactividad de la parte que, mediante su omisión, impide que nazca el proceso penal, es que transcurridos esos seis meses ya no existe posibilidad de denunciar, y con ello de que se incoe proceso penal por ese hecho ya prescrito. Por tanto, las denominadas u0022diligencias a prevenciónu0022, a las que no siga denuncia, están vacías de contenido y son incapaces de tener efecto interruptivo de la prescripción. Ese tipo de diligencias se abren en los Juzgados (usus fori) para recoger el atestado y los posibles partes de lesiones; y ello efectuado, quedan paralizadas hasta que se produzca la denuncia expresa del perjudicado, y de no hacerla su razón de existencia desaparece y deben archivarse, lo que normalmente, pero no en forma obligatoria, se hace a través del correspondiente Auto, que no tiene por qué ser notificado a los que figuren en el atestado o en los partes de lesiones, en cuanto que, voluntariamente, han renunciado a poner en marcha el proceso penal, por la meritada inactividad; por lo que no sería asumible que se premiara su dejación procesal alargando el plazo prescriptivo del art. 1962.2, o interrumpiéndole a través de la notificación del auto, dado que ello supone une diligencia que solo debe ser llevada a cabo a los que directamente se han mostrado parte en un proceso penal (mostrándose parte mediante abogado y procurador) o, al menos, siendo parte perjudicada al manifestar que desean se les tenga por tal al ofrecerle el procedimiento penal (art. 109 LECrim).

El lesionado en un accidente de tráfico que no ejercita su derecho de denuncia no pone en marcha el proceso, por lo que no es parte en alguno de ambos sentidos, y de ello se deriva que no existe obligación de notificarle resolución procesal alguna y si, pese a ello, el juez penal notifica el archivo de unas diligencias a prevención, tal acto procesal, vacío de contenido, carece de eficacia a los efectos interruptivos de la prescripción, pues no ha existido proceso penal; sostener lo contrario supondría romper el principio de igualdad de partes en el proceso, haciendo de mejor condición al posible reclamante, al que se le concedería mayor plazo para ejercitar su pretensión resarcitoria. Por tanto, en observancia del art. 1969 CC, y cuando no ha existido u0022denunciau0022 que abra el proceso penal, el tiempo de prescripción comenzará a correr desde el día en que la acción pudo ejercitarse, y tratándose de un supuesto de culpa extracontractual (art. 1902 CC), desde la fecha del accidente.

Una cosa es que la práctica rutinaria de las oficinas judiciales se haya decantado normalmente por abrir unas diligencias penales, que son archivadas provisionalmente de forma inmediata, cuando se recibe un atestado policial relativo a un accidente de circulación, y otra, que dicha actuación, llevada a cabo por motivos de índole más práctica que jurídica, nos lleve a perder de vista la realidad de las consecuencias jurídicas que de esta forma de actuar resultan. Por tanto, las denominadas u0022diligencias a prevenciónu0022 o incluso el atestado de la Guardia Civil, a las que no siga denuncia, están vacías de contenido y son incapaces de tener efecto interruptivo de la prescripción.

Para responder adecuadamente a la cuestión planteada, será preciso, a mi mo...

Para responder adecuadamente a la cuestión planteada, será preciso, a mi modo de ver, establecer una diferencia respecto a los hechos que motivan la incoación del procedimiento penal que se dice, en términos genéricos, por accidente de tráfico. En primer lugar, podemos pensar que el accidente de tráfico en sí genera un proceso penal por una imprudencia grave o leve, al resultar las víctimas heridas o con resultado de muerte por accidente, que determinaría el que nos pudiéramos encontrar con una falta de imprudencia del art. 621 del CP (EDL 1995/16398). A este respecto, resulta evidente que para que el asunto penal pueda prosperar, se hace precisa la existencia de una denuncia por parte de la persona agraviada o de su representante legal, de conformidad con el art. 621 CP. En este supuesto y aún cuando en el juzgado se inicien unas actuaciones de oficio, que pueden venir motivadas por la revisión por parte de la Policía de Tráfico del correspondiente atestado, o incluso de un parte de sanidad librado por el servicio de urgencias del hospital donde se haya atendido a la víctima o víctimas, lo cierto es que la necesaria denuncia que el nº 6 del art. 621 CP exige para la persecución de la infracción penal de falta por imprudencia grave o leve, supondrá que, a mi juicio, la simple remisión del atestado policial o el parte de asistencia del hospital, aún cuando de oficio se inicien actuaciones penales, no servirá como efecto interruptivo de la posterior prescripción respecto a la acción civil a ejercitar. Será necesaria la denuncia de la víctima o de su representante legal ejercitando, por tanto, acciones penales, con reserva o no de las acciones civiles, para la interrupción de la prescripción respecto al ejercicio de la reclamación de daños y perjuicios.

Cuestión distinta podemos entender que sucede en razón a otras figuras delictivas derivadas del uso y circulación de un vehículo de motor, que lleven aparejado consigo la producción de un daño material o físico para un tercero. Ello podría suceder en el supuesto de que el accidente de tráfico se causara como consecuencia de haber ingerido en exceso bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, o incluso para el supuesto de que dicho accidente se hubiere llevado a efecto por alguien que careciera de licencia para conducir vehículos de motor. En este supuesto, es claro que nos encontraríamos ante las figuras delictivas que contemplan los arts. 379, 380 y ss, así como el art. 384 CP. En cualquiera de estos supuestos entiendo que, iniciadas por el juzgado actuaciones penales en fase instructora, que pueden dar lugar incluso a seguirse los trámites de diligencias urgentes para desembocar en un juicio rápido, sólo el hecho del inicio de dichas diligencias supondría la interrupción del plazo prescriptivo para que la víctima o víctimas de los hechos pudiera reclamar como consecuencia de daños, lesiones o incluso muerte derivada de la conducción el vehículo por parte del sujeto frente al que se dirige el procedimiento, y ello porque difícilmente el juez instructor puede separar de la conducta a la que se atribuye carácter delictivo (generalmente de un delito de riesgo derivado de la circulación de vehículos a motor), el resultado dañoso ocasionado a un tercero y en este supuesto entiendo de plena aplicación lo dispuesto en los arts. 108 y ss LECrim (EDL 1882/1), siendo obligación del instructor el recibir declaración al ofendido, instruyéndole en el derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado, tal y como previene a tal fin el art. 109 CP. A este respecto, no es imprescindible, ni muchísimo menos, que la víctima se persone como parte desde la óptica procesal, bastando que manifieste, y así lo entiendo, su intención de mostrarse parte y reclamar las indemnizaciones que pudieran corresponderle, todo lo cual compete, en este caso, al Ministerio Fiscal, al tratarse de un proceso penal nacido de oficio en el que la intervención del Ministerio Fiscal es preceptiva. Y ello guarda relación con el contenido del art. 112 LECrim, que establece que, ejercitada sólo la acción penal (y entendemos que el Ministerio Fiscal la ejercita), se entenderá utilizada también la civil, salvo que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar.

En el caso de que el perjudicado quisiere reservarse la acción civil, pues tiene derecho a ello, de la misma forma entiendo interrumpido el plazo prescriptivo de dicha acción civil sin necesidad de personación por parte de dicha víctima o perjudicado en el proceso penal que se pueda seguir por un delito contra la seguridad del tráfico en el que se han producido, además, lesiones y daños, pues bastará su manifestación al tiempo de tomarle declaración con ofrecimiento de acciones en fase instructora, expresando su reserva de acciones civiles, para que éstas puedan ejercitarse una vez terminada la causa penal.

Entiendo que no es necesaria la personación en el proceso penal para conside...

Entiendo que no es necesaria la personación en el proceso penal para considerar interrumpido el plazo de la acción civil, al igual que soy de la opinión de que tampoco es necesaria la denuncia del perjudicado para que la existencia de actuaciones penales interrumpa la prescripción de la acción civil. Aunque soy consciente de que esta cuestión suscita distintos planteamientos con otras soluciones divergentes, creo que la tesis más adecuada para preservar los derechos de los perjudicados en un accidente de tráfico es la que defiende que la mera existencia de diligencias penales interrumpe el plazo; la prescripción de la acción civil se interrumpe aunque el perjudicado no haya ejercitado acción penal mediante la presentación de denuncia o querella o no haya ejercido la acusación particular contra persona determinada, de donde se colige que el hecho de que los perjudicados estén personados en el proceso penal es irrelevante a los efectos interruptivos, puesto que el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil es aquel en el que los perjudicados tengan conocimiento del auto de archivo de las diligencias penales.

Así, la pregunta formulada tiene especial trascendencia en los casos de incoación de Juicio de Faltas por lesiones del art. 621 CP (EDL 1995/16398). Cuando se tramitan las denominadas u0022diligencias a prevenciónu0022 a las que no sigue denuncia del perjudicado. Como se sabe ese tipo de diligencias se abren para recoger el atestado y los posibles partes de lesiones. Pues bien, frente a cierto sector doctrinal que considera que dichas “diligencias” si no van seguidas de la oportuna denuncia están vacías de contenido y no pueden tener el efecto de interrumpir el plazo de prescripción de la acción civil, lo cierto es que cada día se aprecia una mayor tendencia a considerar que la interrupción de la prescripción se produce por la mera existencia de las actuaciones penales en relación con los mismos hechos que posteriormente son objeto de la acción civil, de modo que no puede dirigirse la acción civil contra nadie hasta la terminación del proceso penal, aunque en las referidas diligencias penales no se haya ejercitado acción penal por el perjudicado mediante la presentación de denuncia o querella, o mediante el ejercicio de la acusación particular contra persona determinada, produciéndose la interrupción de la prescripción de la acción civil aunque el inicio, el desarrollo, y la terminación de las actuaciones penales se produzca de oficio, y aun cuando en el curso de las mismas no llegue a producirse imputación formal contra una persona determinada o no llegue a producirse el ejercicio de la acción penal, en sentido estricto, por el perjudicado o por persona distinta, contra quien posteriormente resulta ser demandado en el proceso civil, o contra un tercero, ya que mientras las diligencias penales están abiertas impiden en todo caso el ejercicio de la acción civil por razón de la prejudicialidad penal (art. 114 LECrim, EDL 1882/1). De lo expuesto es buen ejemplo la Sentencia del TS nº 896/2011, de 12 de diciembre (EDJ 2011/340848).

Además, también es interesante destacar, aunque es cuestión controvertida, la necesidad de que el órgano judicial penal notifique la finalización del procedimiento a las personas que puedan estar interesadas en el asunto, aunque no estén personadas en las actuaciones, a fin de que éstas puedan ejercer las acciones civiles que consideren necesarias.

La apertura de un procedimiento penal, lo que tiene lugar normalmente transcu...

La apertura de un procedimiento penal, lo que tiene lugar normalmente transcurrido algún tiempo después de acaecido el accidente de circulación, conlleva que el plazo de prescripción de la acción civil declarativa quede interrumpido, y no meramente dejado en suspenso, sin que para ello sea preciso que el interesado haga valer su derecho en el procedimiento penal en trámite. En estos casos, el dies a quo del plazo de prescripción de la acción civil viene representado por la fecha de la notificación a los interesados de la resolución que pone fin al proceso penal, y no por la fecha de la firmeza de la sentencia o resolución judicial que ponga fin al procedimiento que no sea la notificación al perjudicado (Sentencias del TS, Sala 1ª, de 21 de junio de 2001, EDJ 2001/30988; y de 12 de mayo de 2004, EDJ 2004/31363; entre otras muchas)

No puede constituir una justificación de la ausencia de notificación de la resolución judicial que pone fin al procedimiento penal el hecho de que el perjudicado no se haya personado cuando se le ofreció dicha posibilidad, pues , por un lado, el ordenamiento procesal confía con carácter obligatorio al Ministerio Fiscal el ejercicio de la acción civil en el proceso penal siempre que el perjudicado no la haya renunciado o reservado expresamente (art. 108 LECrim, EDL 1882/1), y por otro, la facultad de personarse en el proceso y, con ello, ejercitar las acciones correspondientes, no viene establecida en nuestro ordenamiento como una obligación, sino que es facultativa para el perjudicado (arts. 110 y 111 LECrim), por lo que no es exigible (Sentencias del TC de 30 de junio de 1993, EDJ 1993/6462; de 11 de diciembre de 2000, EDJ 2000/46393; de 3 de junio de 2002, EDJ 2002/19747 y de 24 de mayo de 2004, EDJ 2004/30443; entre otras muchas).

En consecuencia, y por establecer la ley que es una facultad y no una obligación, considero que la personación del perjudicado como parte en el proceso penal incoado por accidente de tráfico no es necesaria para entender interrumpido el plazo para ejercer luego la acción civil, como tampoco lo es la formulación de denuncia, siempre que interponga aquélla dentro del plazo de prescripción marcado por la ley computado desde la notificación de la resolución que pone fin al procedimiento penal, aunque sea la de archivo de las actuaciones por falta de denuncia en el caso de que se trate de una falta de homicidio o lesiones imprudentes.

Lo que en síntesis se plantea en la cuestión formulada es si el efecto inte...

Lo que en síntesis se plantea en la cuestión formulada es si el efecto interruptivo del proceso penal incoado por un hecho de tráfico respecto de la acción por responsabilidad civil extracontractual que seguidamente pudiera incoarse para delimitar en este ámbito el alcance de las responsabilidades correspondientes, requiere de la adición al proceso penal de un hecho subjetivo, vinculado a la presencia en el primero de los procesos de quien luego se constituye como demandante-perjudicado o si, por el contrario, el efecto interruptivo de la prescripción nace del hecho mismo de la existencia del proceso penal con independencia de su origen y presencia subjetiva como parte de quien luego pretende ejercer una acción civil.

Como resulta de los arts. 111 y 114 LECrim (EDL 1882/1) en relación con el art. 1969 CC (EDL 1889/1), el proceso penal sobre los mismos hechos que luego sirven de sustento a la acción aquiliana, paraliza el inicio del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la acción civil. En este sentido, es unánime la jurisprudencia, cuya cita resultaría ahora ociosa.

Pero es el proceso penal en sí mismo considerado el que constituye el factor paralizando del tiempo para el ejercicio de las acciones civiles a que hubiere luego lugar. Son los hechos, no las personas, el factor determinante.

Por tanto, seguido un pleito penal por los mismos hechos, este subsiste, como impedimento u obstáculo legal para el ejercicio de la acción civil en el orden correspondiente, hasta que no alcance firmeza la sentencia absolutoria o resolución de sobreseimiento libre o provisional y, por tanto, de archivo, una vez notificada al perjudicado, y ello esté o no personado en las actuaciones.

Dicho de otro modo, es la existencia misma de ese proceso penal previo el que interrumpe la prescripción de cualquier acción derivada del mismo hecho sin que sea óbice a dicho efecto interruptivo la circunstancia de quién formule demanda civil en el proceso consecutivo, hubiera sido la parte denunciante, que se hubiera personado ni tan siquiera que el proceso penal se hubiera dirigido contra personas incluso distintas de aquellas contra las que posteriormente se esgrime la acción civil pues el obligado retraso que los arts. 111 y 114 LECrim suponen a la iniciación de un proceso civil, no deriva de la coincidencia de los elementos personales intervinientes en el proceso penal previo sino de la identidad de los hechos susceptibles de enjuiciamiento en los dos órdenes jurisdiccionales.

Considero que el procedimiento penal interrumpe la prescripción siempre que ...

Considero que el procedimiento penal interrumpe la prescripción siempre que la acción se haya planteado de forma adecuada. Es decir, cuando haya existido denuncia de parte perjudicada (art. 621.6 CP, EDL 1995/16398), aunque no lo sea de todos los que han sufrido un daño consecuencia del siniestro.

Esta conclusión es respetuosa con el texto de los arts. 111 y 114 LECrim (EDL 1882/1). El primero dispone que “mientras estuviese pendiente la acción penal no se ejercitaría la acción civil con separación hasta que aquélla no haya sido resuelta por sentencia firme”. En el segundo se establece que “Promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho...”.

Como anteriormente he precisado, para entender que hay un procedimiento penal deben concurrir los presupuestos legalmente establecidos. En el caso de las lesiones por imprudencia leve, la denuncia del perjudicado. En este sentido se pronuncia la Sentencia del TS, Sala 1ª, de 12 de diciembre de 2011 (EDJ 2011/340848):

 “…cuando existe un procedimiento penal abierto para la averiguación de la existencia de un delito o falta, el mismo impide el ejercicio de la acción civil de responsabilidad extracontractual, la cual no puede ejercitarse hasta que no concluya dicho proceso penal mediante sentencia o por auto de sobreseimiento, motivo por el que resultaba necesario analizar si en este caso concreto existía o no tal procedimiento penal en curso, que hubiera impedido al demandante el ejercicio de la acción que ahora articula, de tal manera que tan solo a contar de la fecha de la notificación de su archivo podía el mismo interponer la oportuna reclamación en vía civil, pero precisamente el análisis de todas las actuaciones acredita que dicho procedimiento no existió, dado que ninguna denuncia fue interpuesta por D. Gonzalo, ni desde el punto de vista formal, dado que el atestado policial confeccionado y que motivó la incoación de las diligencias no puede considerarse como tal, ni reúne los requisitos exigidos en la formalización de las denuncias...”.

Sobre el efecto interruptivo se ha pronunciado una nutrida Jurisprudencia, de la que son ejemplo la Sentencia de 7 de febrero de 2006 (EDJ 2006/6321):

 u0022…cuando existe un proceso penal, no se inicia (la prescripción) hasta que éste ha terminado, puesto que mientras esté subsistente, cualesquiera que sean las personas implicadas, el perjudicado no puede formular la demanda civil, ni contra ellas, ni contra otras distintas (…) Pero ello responde a la necesidad de evitar que por los órganos de distinta jurisdicción a la penal se puedan efectuar pronunciamientos que contraríen lo que allí se resuelva; contradicción que podría producirse aun en el supuesto de que fueran distintas las personas demandadas en el orden civil, pero siempre, claro está, que el proceso penal y el civil correspondiente versaran sobre el mismo hecho y se asentaran sobre iguales presupuestos”.

Dicha posición es también congruente con el art. 1969 CC (EDL 1889/1) y con la reiterada Jurisprudencia que aboga, en el ámbito civil, por una interpretación restrictiva del instituto de la prescripción por basarse en razones de seguridad jurídica y no de justicia material. El hecho relevante es la imposibilidad de ejercitar acciones civiles mientras está pendiente la causa penal.

Ello no obstante, hay resoluciones de la Sala 1ª del TS que parecen contradecir dicha postura. (Sentencia de 16 de junio de 2010, EDJ 2010/152956).