Civil

La preceptividad de las comunicaciones electrónicas en el proceso civil

Tribuna 15-03-2013

A propósito de la STS Sala 3ª, de 22 febrero 2012, rec. 7/2011. Pte: Garzón Herrero, Manuel Vicente -EDJ 2012/60087-

I. Introducción

De nuevo volvemos a hacernos eco en esta misma revista de uno de los temas o materias más importantes en la Administración de Justicia, como es el relativo a la correcta ejecución de los actos de comunicación y a la eliminación de todas las trabas que eviten o impidan que éstas no obstaculicen el buen desarrollo y desenvolvimiento de los procedimientos que se tramitan en los órganos judiciales. Y es que por mucho que el legislativo intente aprobar leyes que tiendan a acortar los plazos en los distintos procesos, lo cierto es que estaremos clamando en el desierto si reducimos unos plazos procesales que luego no se pueden cumplir en la práctica por las inconveniencias y problemas del sistema en sí. Y lo cierto es que la verdad es que en los últimos casos en que se han producido estas reformas, luego, en la práctica, nos hemos tropezado con los mismos inconvenientes de siempre al no poder ejecutar debidamente los actos de comunicación con la parte demandada.

Nótese que quienes son llevados ante los tribunales civiles como demandados han recibido con carácter previo continuos requerimientos del letrado del actor, a fin de que regularicen su situación de incumplimiento de una obligación que les compete cumplir con éste, y ello a fin de que en materia de costas sean impuestas al demandado si se allana por haber dado requerimiento previo al demandado, según señala el art. 395,1,2º párrafo LEC -EDL 2000/77463-. Con ello, quienes van a ser demandados ya tienen perfecto conocimiento de que, de no aceptar en debida forma estos requerimientos, en breve plazo serán demandados por quien les reclama el cumplimiento de una obligación. Y ante ello, y por ello, pueden poner obstáculos en la recepción del acto de comunicación, con lo que si ponen trabas a ser notificados retrasan u obstaculizan la correcta tramitación del procedimiento, lo que complica en exceso el cumplimiento de los plazos marcados por la Ley.

Esta es la situación real, y no otra, que se vive hoy en día en los órganos judiciales al existir numerosos problemas a la hora de formalizar estos actos iniciales que dan lugar al inicio del procedimiento. Y nótese que ante las dificultades el órgano judicial debe agotar todas las opciones viables para que el acto de comunicación se lleve a efecto antes de acudir a la notificación edictal, ya que conocemos la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la existencia de este procedimiento restrictivo de recurrir al procedimiento edictal tan solo cuando se han agotado todas estas vías previas. Y así, notemos que el art. 155 LEC -EDL 2000/77463- señala que en estos primeros actos de comunicación con el demandado que son los que canalizan y definen la correcta tramitación del proceso desde su inicio señala que: 1. Cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes. En la cédula de emplazamiento o citación se hará constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla.

Una vez arrancado el proceso las notificaciones son llevadas a cabo en la persona del procurador, con lo que la verdadera piedra de toque del proceso lo constituye el acto inicial de comunicación, es decir, lo que se cualifica como "localizar al demandado y darle traslado de la demanda y documentos aportados por el actor".

Pero la propia LEC -EDL 2000/77463- obliga al actor a agotar todos los mecanismos para que la notificación al demandado sea real y efectiva, y para ello señala en el mismo art. 155 pero en su apartado 2º LEC que: Asimismo, el demandante designará, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de éste, uno o varios de los lugares a que se refiere el apartado siguiente de este artículo. Si el demandante designare varios lugares como domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación.

Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como números de teléfono, de fax o similares.

Todo ello para añadir en el apartado 3º -EDL 2000/77463- que:

3. A efectos de actos de comunicación, podrá designarse como domicilio el que aparezca en el padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. También podrá designarse como domicilio, a los referidos efectos, el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.

[[QUOTE2:"...lo que hace el legislador es ampliar al mayor número de posibilidades todos los domicilios posibles que sean conocidos por el demandante utilizando para ello, si cabe, el sistema de Punto Neutro Judicial para localizar al demandado."]]

Con todo ello, lo que hace el legislador es ampliar al mayor número de posibilidades todos los domicilios posibles que sean conocidos por el demandante utilizando para ello, si cabe, el sistema de Punto Neutro Judicial para localizar al demandado. Pero lo curioso es que aunque salvemos todas estas dificultades para encontrar cuál es el domicilio auténtico del demandado, la segunda parte viene con la ejecución del acto de comunicación en sí mismo, ya que, como mantenemos, el demandado pondrá todas las trabas posibles para dejarse notificar y así retrasar al máximo el inicio del procedimiento.

Por ello, es preciso buscar fórmulas que tiendan a agilizar al máximo los actos de comunicación y conseguir evitar los denominados "tiempos muertos" que existen en el proceso para que no existan retrasos. Además, otro factor importante es el relativo a que el excesivo volumen de actos de comunicación de carácter personal y directo que ronda ya los dos millones en el proceso civil supone una carga de trabajo enorme que determina la confección de unas plantillas de funcionarios que deben dedicarse a estas actuaciones intentando ejecutar estos actos de comunicación que casi nunca se llevan a cabo en el primer intento y que tienen que volver a repetirse dos o más veces. Así, si pudiéramos destinar a estos funcionarios a otros servicios comunes al llevar a cabo los actos de comunicación mediante el sistema electrónico que volvemos a analizar en estas líneas resultaría que no haría falta destinar más presupuesto a la contratación de personal al prescindir de estas oficinas de ejecución personal de actos de comunicación y poder optimizar la existencia de estos funcionarios que ahora tenemos que dedicar a llevar a cabo estas costosas y muchas veces complicadas, como se conocen, "diligencias de calle".

Pues bien, veamos cuál es el estado de la cuestión en una materia sobre la que ya existe una legislación específica en materia de notificaciones electrónicas que podría ser desarrollada para perfeccionarla y conseguir agilizar al máximo el "arranque" del procedimiento civil, al llevarse a efecto el acto de comunicación en el domicilio electrónico específicamente designado. Para ello, ha existido un pronunciamiento de la Sala 3ª de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de fecha 22 febrero 2012 -EDJ 2012/60087- avalando la legalidad del RD 1363/2010 -EDL 2010/225893-.

II. Regulación conforme a derecho del RD 1363/2010 por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la AEAT -EDL 2010/225893-. Validación de las notificaciones electrónicas obligatorias en el ámbito de la materia tributaria según la sentencia de la Sala 3ª del TS de 22 febrero 2012 -EDJ 2012/60087-

a. Planteamiento general

Resulta crucial y de gran importancia para apoyar la tesis que sostenemos de avalar una ambiciosa reforma legal que implante en el proceso civil la preceptividad del domicilio electrónico la STS de fecha 22 febrero 2012 -EDJ 2012/60087- quien por medio de su Sala 3ª da cobertura y validez a la existencia de los actos de comunicación electrónicos de forma preceptiva para las personas físicas y jurídicas.

Así, en concreto, la citada sentencia aplica la conformidad a derecho del RD 1363/2010 por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la AEAT -EDL 2010/225893- al existir cobertura suficiente de la norma impugnada, ya que la Ley 11/2007 -EDL 2007/41808- contiene una habilitación para que reglamentariamente se determine el modo en que las comunicaciones puedan efectuarse, comprendiendo dentro de dicho concepto, a las notificaciones.

En concreto, como se apunta en el propio RD 1363/2010 -EDL 2010/225893- la Ley 11/2007, de 22 junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos -EDL 2007/41808-, ha supuesto un avance definitivo en la construcción e implantación de la Administración Pública electrónica y así, esta norma permite establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con la Administración solamente a través de medios electrónicos a las personas jurídicas y a aquellas personas físicas que, atendidas sus circunstancias, puede entenderse que tienen garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Es decir, plantea, por un lado, la exigencia del acto de comunicación por vía electrónica preceptiva, pero asegurando la disposición para la efectiva realidad, o mejor dicho, viabilidad en la ejecución de esa comunicación electrónica. Y es que es hasta la fecha en el ámbito del derecho administrativo donde con mayor claridad y frecuencia se implantan sistemas y mecánicas de actuación que garantizan la agilidad de los procedimientos, mientras que su implementación en el proceso civil se sigue retrasando pese a la profusión de normas que han venido patrocinando la aplicación de los actos de comunicación tecnológicos en el proceso civil. Así las cosas, en el ámbito administrativo general, el RD 1671/2009, de 6 noviembre -EDL 2009/245265-, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 junio, en su art. 32 -EDL 2007/41808-, tras disponer que la obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos con los órganos de la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes, podrá establecerse mediante Orden ministerial, precisa que dicha obligación puede comprender la práctica de notificaciones administrativas por medios electrónicos. Y este Real Decreto desarrolla en su art. 38 la notificación mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través de dirección electrónica habilitada, previendo que existirá un sistema de dirección electrónica habilitada para la práctica de estas notificaciones que quedará a disposición de todos los órganos y organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado que no establezcan sistemas de notificación propios.

[[QUOTE2:"...tras la publicación oficial del acuerdo de asignación, y previa comunicación del mismo al obligado tributario, la Administración tributaria correspondiente practicará, con carácter general, las notificaciones en la dirección electrónica."]]

La preocupación para que en el ámbito administrativo las comunicaciones sean ágiles ha sido siempre una máxima, a fin de que los ciudadanos reciban los actos de comunicación de forma inmediata y que no existan demoras, y donde con mayor énfasis se detecta esto es en materia tributaria, ya que el RD 1/2010, de 8 enero -EDL 2010/636- ha introducido en el nuevo art. 115 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos -EDL 2007/115078- una específica habilitación a las Administraciones tributarias para acordar la asignación de una dirección electrónica para la práctica de notificaciones a determinados obligados tributarios, de manera que tras la publicación oficial del acuerdo de asignación, y previa comunicación del mismo al obligado tributario, la Administración tributaria correspondiente practicará, con carácter general, las notificaciones en la dirección electrónica.

En concreto, el ámbito de aplicación donde en materia tributaria se aplica esta exigencia se configura en el art. 3 RD 1363/2010 -EDL 2010/225893- en torno a una preceptividad para recibir las notificaciones por vía electrónica, ya que 1. Las personas y entidades a que se refiere el artículo siguiente estarán obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones que efectúe la Agencia Estatal de Administración Tributaria en sus actuaciones y procedimientos tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y en la gestión recaudatoria de los recursos de otros Entes y Administraciones Públicas que tiene atribuida o encomendada, previa recepción de la comunicación regulada en el art. 5.

Así las cosas, el RD citado recoge en el art. 4 -EDL 2010/225893- la relación de personas obligadas a recibir los actos de comunicación por vía electrónica (1) circunscribiéndolo al ámbito de las personas jurídicas.

b. Vía opcional de los ciudadanos de recibir los actos de comunicación por métodos electrónicos en la Ley 11/2007 -EDL 2007/41808-

Pues bien, esta mecánica de implantar los actos de comunicación electrónicos tiene su base también en el art. 27 de la Ley 11/2007, de 22 junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos -EDL 2007/41808-, que señala que 1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido.

Con ello, vemos que lo que se implanta en este artículo es una opción de interesar el domicilio electrónico los ciudadanos que quieran relacionarse por este mecanismo con la Administración, que es lo que ha ocurrido en el ámbito de las notificaciones de las sanciones en circulación, porque como ya señalábamos en esta misma revista (2) en la reforma de la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial por Ley 18/2009, de 23 noviembre -EDL 2009/251215- se incluyó por primera vez, que los actos de comunicación entre la Administración de Tráfico y los particulares conductores sean llevados a cabo por medio del conocido como "Domicilio Electrónico Vial". Así lo recoge el art. 77 del texto que prevé que en los casos de infracciones cometidas por los conductores:

"1. Las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico notificarán las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador en la Dirección Electrónica Vial.

En el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificación se efectuará en el domicilio que expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en el domicilio que figure en los Registros de la Dirección General de Tráfico."

Y, como ya apuntábamos, es que el problema que arrastra este sistema es que la fijación de este domicilio electrónico es voluntaria, lo que, a buen seguro, va a conllevar es que nadie vaya a girar una dirección de domicilio electrónico para que la Administración "le pueda cursar de forma más ágil las denuncias".

El problema es que el régimen legal actual supedita el uso de las comunicaciones de la Administración con los ciudadanos siempre que estos lo consientan expresamente, como así lo añade el apdo. 2º del art. 27 de esta Ley 11/2007 -EDL 2007/41808-, que apunta que:

2. Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos.

Este es el sistema que ahora reina en materia del régimen sancionador de tráfico pero que, como sabemos, ha constituido un auténtico fracaso porque es obvio decir que nadie va a facilitar un domicilio electrónico, o solicitarlo, cuando el objetivo de éste sea agilizar el régimen sancionador de la administración de tráfico para sancionar las conductas irregulares de los conductores.

Por último, supedita la aceptación de este sistema a que el previsto para la ejecución electrónica sea el adecuado técnicamente, para lo cual en el apdo. 3º del art. 27 Ley 11/2007 -EDL 2007/41808- se añade que:

3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas.

c. Validación por el Tribunal Supremo del RD 1363/2010 -EDL 2010/225893-

Pues bien, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, sec. 2ª, Sentencia de 22 febrero 2012, rec. 7/2011 -EDJ 2012/60087- ha validado el RD 1363/2010 -EDL 2010/225893-, ya que el art. 27,6 Ley 11/2007 -EDL 2007/41808- contiene una habilitación para que reglamentariamente se determine el modo en que las "comunicaciones" pueden efectuarse, y el término "comunicaciones" comprende también las notificaciones, por lo que no ofrece dudas que las notificaciones que el Decreto impugnado regula tienen la habilitación que el precepto de la ley expresada contiene.

Así, este art. 27,6 -EDL 2007/41808- señala que: "Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.".

Apunta el TS que se infiere del texto legal citado que los criterios establecidos en la ley sobre este punto son: "capacidad económica", "capacidad técnica", "dedicación profesional" u "otros medios acreditados". Pero el precepto añade otra nota de no menor importancia que es la de que esté "garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos".

Con ello, se vienen a reproducir los parámetros antes expuestos circunscribiendo la aplicación de la preceptividad a los supuestos antes contemplados, pero recordemos que el propio art. 27,1 Ley 11/2007 -EDL 2007/41808- ya exigía la necesidad del consentimiento del afectado, ya que 1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos. Sin embargo, esa exigencia de consentimiento se rompe en aquellos casos en los que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido.

Y en este caso es la normativa recogida en el RD 1363/2010 -EDL 2010/225893- la que incluye esta preceptividad que el TS valida y entiende como válida para los supuestos contemplados en el art. 4 del RD antes expuesto.

III. Necesidad de implementar el régimen preceptivo de los domicilios electrónicos en el proceso civil

Ahora bien, seguimos insistiendo en que mientras que la Administración cuida que en materia administrativa, y sobre todo tributaria, se implementen estos sistemas se olvida de incluir la preceptividad en el proceso civil y se mantiene una estructura cara, carísima, para llevar a cabo dos millones de actos de comunicación cada año de carácter personal, lo que requiere gastos en materia de personal y materiales que deben ser asumidos por las Comunidades Autónomas y por el Ministerio de Justicia en territorios con competencia no transferida.

[[QUOTE2:"...mientras que la Administración cuida que en materia administrativa, y sobre todo tributaria, se implementen estos sistemas se olvida de incluir la preceptividad en el proceso civil..."]]

Y la viabilidad para llevar a cabo esta preceptividad la encontramos en el art. 152,2,2.ª LEC -EDL 2000/77463- que permite que en los actos de comunicación se proceda a la Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado.

También, hay que tener en cuenta que el art. 155 LEC -EDL 2000/77463- que es el que aplicable a lo que estamos estudiando al referirse a actos de comunicación con las partes aún no personadas o no representadas por procurador señala que: 1. Cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes. Pero para estos casos, una norma que habilitara el uso del domicilio electrónico de forma preceptiva en el proceso civil para personas físicas y jurídicas tendría en cuenta que se cumpliría el art. 155 visto porque se entendería que el domicilio electrónico tiene el carácter de domicilio a los efectos de tener por bien hecha una notificación.

También el art. 162 LEC -EDL 2000/77463- apunta que: 1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.

Para ello exige que Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar a las Oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección. Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos.

Quizás podría excluirse de esta preceptividad a determinadas personas por razón de sus circunstancias personales tales como la edad, para seguir el sistema tradicional para cuando se llegue a una determinada edad, u otras características personales de los afectados. En cualquier caso debe abrirse la reflexión acerca de validar un sistema que ahorraría decenas de millones de euros a las CC.AA. y al Estado al ahorrarse dinero en gastos de personal y materiales, pero por encima de circunstancias que ayudarían a paliar la crisis económica lo verdaderamente importante es que el proceso civil sería más ágil y dinámico y se evitaría el claro perjuicio que ahora existe por este problema a los titulares de los derechos de crédito frente al incumplidor.

Notas

1.- Art. 4 -EDL 2010/225893- Personas y entidades obligadas

1. Estarán obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones administrativas que en el ejercicio de sus competencias les dirija la Agencia Estatal de Administración Tributaria las entidades que tengan la forma jurídica de sociedad anónima (entidades con número de identificación fiscal –NIF– que empiece por la letra A), sociedad de responsabilidad limitada (entidades con NIF que empiece por la letra B), así como las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española (NIF que empiece por la letra N), los establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español (NIF que empiece con la letra W), las uniones temporales de empresas (entidades cuyo NIF empieza por la letra U), y las entidades cuyo NIF empiece por la letra V y se corresponda con uno de los siguientes tipos: Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de titulización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

2. Igualmente, con independencia de su personalidad o forma jurídica, estarán obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones administrativas que les practique la Agencia Estatal de Administración Tributaria las personas y entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que estuvieran inscritas en el Registro de grandes empresas regulado por el artículo 3.5 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 julio -EDL 2007/115078-.

b) Que hayan optado por la tributación en el régimen de consolidación fiscal, regulado por el capítulo VII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 marzo -EDL 2004/3271-.

c) Que hayan optado por la tributación en el Régimen especial del grupo de entidades, regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley 37/1992, de 28 diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido -EDL 1992/17907-.

d) Que estuvieran inscritas en el Registro de devolución mensual, regulado en el art. 30 del RD 1624/1992, de 29 diciembre, Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido -EDL 1992/17962-.

e) Aquellas que tengan una autorización en vigor del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la presentación de declaraciones aduaneras mediante el sistema de transmisión electrónica de datos (EDI), de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4 bis del Reglamento (CEE) 2454/93, de la Comisión, de 2 julio 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 2913/92, del Consejo, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario -EDL 1992/16760-.

2.- La viabilidad de la utilización preceptiva de un “domicilio electrónico” como sistema para facilitar los actos de comunicación. Por Vicente Magro Servet Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. El Derecho 3 de Noviembre de 2010 -EDB 2010/10836-.

El artículo ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 15 de marzo de 2013.

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