FAMILIA

Necesidad de audiencia a la contraparte en el exequátur de sentencia de mutuo acuerdo dictada en el extranjero

Foro Coordinador: Prieto Fernández-Layos

Planteamiento

El art. 956 LEC de 1881 (EDL 1881/1), vigente en virtud de lo dispuesto en la excepción 3ª de la Disp. Derogatoria Única número 1 de la LEC de 2000 (EDL 2000/77463), establece que "previa la traducción de la ejecutoria hecha con arreglo a derecho, después de oír, por término de nueve días, a la parte contra quien se dirija y al Fiscal, el Tribunal declarará si debe o no darse cumplimiento a dicha ejecutoria".

Esta disposición, que resulta indiscutida en la práctica forense en lo que se refiere a la audiencias aludidas cuando se trata del reconocimiento en España de sentencias contenciosas dictadas por los Tribunales extranjeros, tiene su contrapunto en la interpretación que se hace de la misma por los profesionales del derecho de familia cuando lo que se pretende es conseguir el exequátur de sentencias matrimoniales de mutuo acuerdo.

Y así, mientras un determinado sector de operadores jurídicos aboga por considerar siempre necesaria la audiencia de la contraparte para otorgar fuerza en España a las sentencias dictadas en el extranjero, ya sean contenciosas o de mutuo acuerdo, otro sector entiende que no se precisa oír a la parte contra quien se dirija la ejecutoria en este último caso, reservando la audiencia sólo para los supuestos contenciosos. Aquéllos fundamentan su criterio en el derecho de defensa y éstos en los principios de actos propios y economía procesal.

¿Resulta necesario oír a la parte contra quien se dirija la ejecutoria en los supuestos del reconocimiento en España de sentencias de mutuo acuerdo dictadas por las Tribunales extranjeros?

 

Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho de Familia", el 1 de julio de 2013.

Puntos de vista

Gema Espinosa Conde

Se nos plantea la cuestión de si es o no necesario oír en el exequátur a l...

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José Javier Díez Nuñez

Las sentencias matrimoniales dictada por los Estados integrados en la Unión ...

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Eladio Galán Cáceres

No puedo por menos que estar de acuerdo con el criterio, conocido por mí, ma...

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El procedimiento de exequátur se encuentra regulado en el Título VIII (u0022De...

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Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón

La LEC de 2000 (EDL 2000/77463), declara vigente el art. 956 LEC de 1881 (EDL...

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Vicente Magro Servet

En principio, los que abogan por la no necesidad de la audiencia a la parte c...

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Antonio Javier Pérez Martín

Es criterio consolidado tanto por normas procesales (por ejemplo el art. 777....

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Ciertamente, la Disposición Derogatoria Única, en su apartado 1.3ª LEC de ...

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Nos mostramos una vez más favorables a la solución que ampara con mayores g...

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Resultado

Rechazado por MAYORÍA DE 5 VOTOS

Resultando muy ajustado el debate, finalmente la mayoría de nuestros colaboradores entiende que no es necesario oír a la parte contra quien se dirija la ejecutoria en los supuestos del reconocimiento en España de sentencias de mutuo acuerdo dictadas por las Tribunales extranjeros ya que, pese a sí serlo en las resoluciones dictadas en procesos contenciosos, se estima que, entre otros motivos, el mutuo acuerdo asumido en el procedimiento tramitado en el extranjero constituye un acto propio que justifica la falta de audiencia de la contraparte, siendo de reseñar el beneficio que se obtiene de la aplicación del principio de economía procesal que supone la posibilidad de obviar comisiones rogatorias, cuyo cumplimiento exige siempre el transcurso de largos periodos de tiempo, lo que es contraproducente en orden a preservar los intereses urgentes a proteger en materia de familia, lo que afectaría a la tutela judicial efectiva proclamada en el art. 24 CE (EDL 1978/3879).

Así, se indica por esta corriente que, garantizado que no se ha producido indefensión, dar audiencia al demandado en el proceso de exequátur es un trámite inútil que sólo conduce a alargar innecesariamente el procedimiento. Y se añade que en la mayor parte de los casos el demandado se encuentra en el extranjero y que la tramitación de la comisión rogatoria necesaria para darle audiencia puede prolongar, a veces años, la duración del exequátur, y, sobre resultar esa demora en ocasiones poco respetuosa con el derecho del actor a un proceso sin dilaciones indebidas, tal actuación deviene especialmente inútil y superflua.

La posición contraria, integrada por Dña. Gema Espinosa, Don Juan M. Jiménez de Parga, Don Vicente Magro y Don Luis Zarraluqui, entiende sin embargo, en síntesis y además de otras consideraciones, que la vigencia del art. 956 LEC de 1881 (EDL 1881/1) establece tal exigencia y que ésta es extendible tanto a los procesos contenciosos como de mutuo acuerdo, pues el legislador y la voluntas legis no especifica la exclusión de tal presupuesto o exigencia en las sentencias de procesos consensuados, por lo que tampoco el intérprete de la norma ha de efectuar, en su labor interpretativa, tal distinción.