ADMINISTRATIVO

Principales aspectos de la reciente Ley Balear sobre ordenación y uso del suelo

Tribuna 01-04-2014

El 25 de marzo de 2014, el Parlamento de las Islas Baleares aprobó la Ley 2/2014, de Ordenación y Uso del Suelo (LOUS), publicada en el BOIB nº 43, de 29 de marzo de 2014, la cual entrará en vigor el próximo 29 de mayo, de acuerdo con su disposición final cuarta -EDL 2014/36939-.

Se trata de una regulación legal cuya aprobación era esperada desde hace años por los operadores jurídicos de esta Comunidad Autónoma, por cuanto la realidad urbanística balear precisaba de una norma global en la materia, pero que a su vez resulta ser temida por las dificultades y efectos que puede generar en su aplicación, principalmente por la abundancia de conceptos jurídicos indeterminados y declaraciones de principios que integra.
A) Una Ley esperada, en cuanto necesaria.
Han transcurrido más de treinta años desde que se produjo el acceso al autogobierno por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 1), en cuya norma institucional básica se asumió como competencia exclusiva la ordenación del territorio, el urbanismo y vivienda 2). Sin embargo, hasta el año 2014 el legislador balear, en ejercicio de la potestad legislativa insita en este título competencial, no ha aprobado un producto normativo que, por un lado, pretenda regular de forma global o, en la terminología empleada en la Ley 2/2014 “integral”, la actividad administrativa en materia de urbanismo y que, por otro lado, también defina el régimen jurídico urbanístico de la propiedad del suelo de acuerdo con su función social, siendo tales cometidos el objeto de la LOUS, tal y como recoge su artículo 1 -EDL 2014/36939-.
Partiendo de la exposición de motivos, el legislador balear ha pretendido acometer una regulación global de la actividad urbanística, integrándola en el “bloque normativo ambiental” y cuyos principales principios inspiradores son el desarrollo sostenible de carácter ambiental, económico y social (imponiéndose a las políticas públicas, artículo 3.2 -EDL 2014/36939-), así como la transparencia y la participación ciudadana (artículos 12, 13 y 14 -EDL 2014/36939-).
También se destaca que la LOUS no pretende –ni debe- imponer un modelo territorial local concreto, sino que su finalidad es “la creación de un marco normativo estable para la fijación de un modelo de territorio”, cuya definición corresponde a los instrumentos de ordenación territorial y su concreción incumbe al planeamiento urbanístico, confiriendo trascendencia a las interrelaciones entre ambas materias incidentes sobre el espacio territorial, especialmente los Planes Territoriales Insulares y los Planes Directores Sectoriales, aprobados por los Consells Insulars 3).
Las principales notas características del tratamiento jurídico del urbanismo en Baleares han sido tanto la dispersión normativa, así como el amplísimo y trascendental elenco de competencias conferidas a los cuatro Consells Insulars, dentro de su respectivo ámbito espacial 4).
Veamos cada uno de estos elementos definidores y su tratamiento en la nueva Ley.
A.1) Amplio acervo normativo. ¿Regulación integral del urbanismo?.
Como ya indiqué en el artículo “EL URBANISMO EN LAS ISLAS BALEARES. PECULIARIDADES ANTE LA AUSENCIA DE LEGISLACIÓN URBANÍSTICA PROPIA” 5), los textos legislativos y reglamentarios estatales, aplicados como normativa supletoria, incluyen una terminología adaptada a la situación existente en el momento en el que fueron aprobados, la cual es muy diferente a la que existe tras haber transcurrido casi cuarenta años, y si bien esta antigüedad conlleva una serie de dificultades para los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa a la hora de subsumir los supuestos de hecho y calificaciones jurídicas en sus preceptos, sin embargo, también se cuenta con una abundante y consolidada doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo acerca de la interpretación y la aplicación de tales normas estatales, circunstancia que favorece el razonamiento y decisión judicial.
A partir de ahora, los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa radicados en Baleares tendrán que lidiar, interpretando y aplicando las definiciones y conceptos de la nueva Ley, sin sustento o “manto protector” jurisprudencial.
Por el contrario, no concurría este vacío legal en tres supuestos:
a) En cuanto a la disciplina urbanística, ya que el Parlamento Balear aprobó la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística (LDU) -EDL 1990/14840-, única que rige para cualquier clase de suelo.
Esta Ley queda derogada por la LOUS, ya que en los Títulos VII y VIII de la misma -EDL 2014/36939- se regulan las potestades administrativas de intervención preventiva de los actos de edificación y uso del suelo (licencias y comunicaciones previas), la inspección, la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado, así como las infracciones y sanciones, integradas todas ellas en el concepto de “Disciplina Urbanística”.
Una de las principales novedades respecto de la LDU es la previsión de que las “obras de técnica sencilla y escasa entidad constructiva u obras de edificación que no necesitan proyecto de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de diciembre, de ordenación de la edificación” -EDL 1999/63355- así como aquellas obras sujetas a licencia en virtud del artículo 134.1 LOUS -EDL 2014/36939- que los Consells Insulars relacionen para todos o algunos municipios, mediante reglamento, quedan sujetas al régimen de comunicación previa, y no al procedimiento más complejo de licencia municipal (artículo 136 LOUS -EDL 2014/36939-), con un plazo de ejecución máximo de dos años (en las licencias son tres años), prorrogable por la mitad del término inicialmente previsto (artículos 141.1 b) y 142.3 LOUS -EDL 2014/36939-).
Merece una crítica positiva que en caso de licencias nulas (artículo 135 -EDL 2014/36939-) y de determinados actos que afecten a suelo rústico y suelo protegido (artículo 154.2 -EDL 2014/36939-), se exprese que las acciones para la protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado no prescriban a los 8 años.
También destaca la profusa regulación de los responsables de las infracciones urbanísticas en el artículo 162 -EDL 2014/36939-, si bien excluye en su apartado cuarto a las administraciones públicas, como una especie de “declaración de inimputabilidad” que carece de motivación alguna, máxime cuando el artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre -EDL 1992/17271-, permite que se declare y concurra esta responsabilidad, al hablar de personas jurídicas in genere.
b) También se aprobó la Ley 6/1997, de 8 de julio, de Suelo Rústico de las Islas Baleares (LSR) -EDL 1997/24323-, atendiendo a la necesidad de acometer una regulación más amplia, objetiva y detallada que la contenida para el suelo no urbanizable en el TRLS/76 -EDL 1976/979-, ante la trascendencia del suelo rural como uno de los principales activos de futuro para el archipiélago.
Sin embargo, a pesar del afán de globalidad de la LOUS, la regulación de usos y actividades del suelo rural queda excluida de la misma, aunque sí resulta aplicable al suelo rústico en cuanto a la intervención en el uso del suelo y disciplina, como refiere la exposición de motivos. Y en la disposición transitoria décima -EDL 2014/36939- se regulan las bases para la legalización de viviendas fuera de ordenación sitas en suelo rústico no protegido, si bien precisando su aplicación del desarrollo reglamentario de los Consells Insulars.
En la actualidad se está trabajando en una nueva versión de la Ley del Suelo Rústico.
c) A partir de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en les Illes Balears -EDL 2008/41025-, se fijó un mínimo régimen jurídico sobre las clases de suelo y los servicios urbanísticos básicos, regulación que quedó desplazada por la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible -EDL 2012/114821-, cuyos preceptos quedarán en su mayoría derogados por la LOUS y los cuales constituyen el principal precedente o germen de la misma, sobre todo en cuanto a la definición de las clases del suelo y la previsión de los asentamientos en suelo rural.
La Ley 2/2014 se compone de un Título Preliminar (“Disposiciones generales”), y ocho Títulos (“Régimen urbanístico del suelo”, “Planeamiento urbanístico”, “Gestión y ejecución del planeamiento”, “Intervención en el mercado del suelo”, “Ejercicio de las facultades relativas al uso y edificación del suelo”, “Expropiación forzosa por razón de urbanismo”, “Disciplina urbanística”, “Infracciones urbanísticas y las sanciones”), diez disposiciones adicionales, once transitorias, una derogatoria y cuatro finales, comprendiendo un total de 193 artículos -EDL 2014/36939-.
Sin duda es una ley extensa, que integra la regulación de aspectos tan diversos como las potestades y relaciones administrativas en materia urbanística, los convenios, la participación ciudadana, la clasificación del suelo, los instrumentos de planeamiento, la ejecución y gestión del mismo, el estatuto jurídico del derecho de propiedad del suelo, la intervención en el mercado del suelo, el ejercicio de las facultades de uso y edificación, la intervención preventiva en la edificación y uso del suelo, la protección de la legalidad urbanística y el régimen de infracciones y sanciones, pero que, como hemos indicado, excluye la regulación de usos y actividades en el suelo rural.
La ordenación que contempla es completa para el suelo apto o con expectativas para su transformación urbanística, pero no resulta ser global para cualquier clase de suelo, como ya he apuntado, al excluir en gran medida el suelo rústico.
Por otro lado, y ya enlazando con la siguiente nota característica, prevé un amplio desarrollo reglamentario por los Consells Insulars.
A.2) Los “todopoderosos” Consells Insulars.
Este amplio título competencial de las instituciones insulares en materia de urbanismo se menciona como “elemento definidor” de la LOUS en su exposición de motivos, calificándola como “una ley poco reglamentista” que debe permitir el desarrollo diferenciado en cada isla, si bien garantizando un tratamiento unitario sobre todo en la esfera de derechos y deberes de los particulares 6).
Los Consells Insulars disponen de un ámbito de poder mucho más amplio en urbanismo y en ordenación del territorio que los Cabildos Insulares Canarios.
Y no puedo omitir resaltar que el desarrollo de muchos aspectos de la LOUS se realizará por cada uno de los cuatro Consells Insulars, con la diversidad normativa que ello conllevará a la hora de aplicar sus determinaciones por los Juzgados y Tribunales.
Especial trascendencia ostentan las competencias de los Consells relativas a la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento general, así como también destaca su actuación por subrogación de los Ayuntamientos, previa denuncia de mora, ante la ausencia de actuación municipal en disciplina urbanística (artículo 71 LDU -EDL 1990/14840- ) 7).
Este abanico competencial ha quedado potenciado en la LOUS.
- En el artículo 15.2 de la Ley 2/2014 -EDL 2014/36939- se les reconoce como titulares de la potestad reglamentaria para desarrollar y ejecutar la misma, y el artículo 17.3 -EDL 2014/36939- se incluye una habilitación genérica para subrogarse en el ejercicio de –todas- las competencias urbanísticas municipales en los supuestos de inactividad o incumplimiento manifiesto.
- En materia de planeamiento, los Consells pueden fijar el plazo de formulación de los planes generales y subrogarse en las competencias del municipio para su tramitación y redacción (artículo 52.1 -EDL 2014/36939-); les corresponde la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, salvo excepciones y los estudios de detalle (artículo 53 -EDL 2014/36939-); se prevé la posibilidad de subrogación, previo requerimiento, en la competencia municipal para la formulación o tramitación de los instrumentos de planeamiento (artículo 55 -EDL 2014/36939-), puede imponer la revisión del plan general (artículo 57 -EDL 2014/36939-); en supuestos de aprobación definitiva por los municipios de los planes generales, planes parciales y planes especiales, deben emitir un informe preceptivo en todo caso, y vinculante cuando se refiera a la adaptación a los instrumentos de ordenación territorial (artículo 54.5 -EDL 2014/36939-).
- El artículo 84.4 -EDL 2014/36939- contempla la posibilidad de subrogación en la aprobación inicial de los proyectos de bases de actuación y estatutos de las Juntas de Compensación.
- Los artículos 112 y 116 -EDL 2014/36939- remiten a un reglamento de los Consells respecto del registro municipal de solares sin edificar y las condiciones de recepción de las obras de urbanización.
- El artículo 136 -EDL 2014/36939- prevé que un reglamento del Consell Insular someta a comunicación previa actos que la LOUS incluye como acreedores de licencia municipal.
- El artículo 157 -EDL 2014/36939- recoge la competencia de los Consells para adoptar medidas cautelares en supuestos de actos ejecutados sin licencia, incluso de forma inmediata, sin requerimiento al alcalde, cuando afecten a suelo rústico.
- La disposición transitoria décima -EDL 2014/36939-, la cual recoge la posibilidad de “amnistía”, bajo condiciones, de edificaciones ilegales en suelo rural, precisa para su aplicación de la aprobación de un reglamento por el Consell respectivo. Hasta entonces no se inicia el cómputo del plazo de tres años concedidos a los propietarios para solicitar su legalización.
B) Reservas por la dificultad de interpretar y aplicar sus preceptos.
La LOUS es un cuerpo legal que, en una primera aproximación, refunde e integra la normativa urbanística hasta ahora aplicable y vigente en Baleares, especialmente el TRLS/76 -EDL 1976/979- y TRLS/2008 -EDL 2008/89754-, la LDU -EDL 1990/14840- y la Ley 7/2012 -EDL 2012/114821-, no introduciendo grandes cambios respecto del régimen del suelo hasta ahora vigente.
B.1) Entre las novedades a destacar
- Previsión de que los interesados puedan consultar el estado y las previsiones urbanísticas de sus terrenos, con una vigencia de 6 meses y previsión de la responsabilidad patrimonial de las administraciones actuantes (artículos 13.3 y 63.2 -EDL 2014/36939-).
- Con sustento en el TRLS/2008 -EDL 2008/89754-, se incluye un amplio tratamiento de los convenios urbanísticos en los artículos 18 a 21 -EDL 2014/36939-, cuya competencia corresponde a los Ayuntamientos, de carácter jurídico-administrativo y extendiendo la acción pública prevista con carácter genérico en el artículo 14 -EDL 2014/36939-.
- El plan general se erige como el instrumento de planeamiento por antonomasia (artículo 35 -EDL 2014/36939-), eliminando las normas subsidiarias de planeamiento, de excesivo uso y abuso en las Islas Baleares.
- Exigencia y detalle de la documentación requerida en la tramitación de no sólo el plan general, sino también de los planes parciales, planes especiales, estudios de detalle y catálogos (artículos 36, 44, 45, 47 -EDL 2014/36939-). Entre estos requisitos formales, destacan los estudios o informes ambientales y los estudios de sostenibilidad económica.
- El artículo 53 -EDL 2014/36939- prevé que determinados municipios tienen la potestad de aprobar definitivamente los instrumentos de planeamiento general, parcial y especial, entre ellos Palma de Mallorca, en todo caso (de acuerdo con la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de Capitalidad -2006/324637-), y los que dispongan de una población de más de 10.000 habitantes (modificaciones “no estructurales” del planeamiento general, adaptación a los instrumentos de ordenación del territorio, planes parciales y planes especiales que desarrollen el plan general).
- El artículo 68 -EDL 2014/36939- distingue entre edificaciones inadecuadas y edificaciones fuera de ordenación.
- En materia de ejecución del planeamiento, en el artículo 76 -EDL 2014/36939- se diferencian como sistemas de actuación la expropiación y la reparcelación, y dentro de éste las modalidades de compensación y cooperación.
- Regulación de la declaración de ruina por el Ayuntamiento, distinguiendo la técnica, la económica y la urbanística, con posibilidad de declaración de ruina parcial y de actuaciones en supuesto de ruina inminente (artículos 119 y 121 -EDL 2014/36939-).
- Como ya apunté más arriba, se distingue entre las actuaciones sujetas a licencia o a comunicación previa, dependiendo de su envergadura e importancia (artículos 134 y 136, definición, artículos 139 y 141, procedimiento -EDL 2014/36939-), cuyo otorgamiento compete a los órganos municipales con carácter general, o a los Consells si la actuación afecta a dos o más municipios. El plazo máximo para resolver y notificar la petición de licencia es de tres meses, con silencio positivo. La comunicación previa puede realizarse en la mayoría de casos con un día de antelación. Corresponde al plan general la fijación de los plazos de inicio y finalización de las obras autorizadas, señalando la LOUS términos subsidiarios.
Por el contrario, en algunos aspectos adolece de una falta de concreción en las definiciones y de un exceso en cuanto al uso de conceptos jurídicos indeterminados y mención de principios inspiradores, puntos débiles que, desde mi punto de vista, serán aprovechados para sustentar numerosos recursos judiciales contra la aprobación de instrumentos de planeamiento, concretas clasificaciones y calificaciones de suelo, otorgamiento o denegación de licencias, legalización de construcciones e imposición de sanciones.
B.2) Principales “líneas rojas” que pueden plantear mayores controversias
- El artículo 6 -EDL 2014/36939- regula la regla general de inexistencia del derecho de indemnización por la ordenación urbanística del uso de terrenos y construcciones, refiriéndose implícitamente al posible resarcimiento debido a la patrimonialización de la edificabilidad y de forma indefinida, de “otros usos lucrativos”, por “su realización efectiva”, constituyendo un concepto jurídico indeterminado de necesaria concreción posterior, quedando condicionada al cumplimiento de deberes y remoción de cargas.
- Entre los principios interpretativos de los instrumentos de ordenación recogidos en el artículo 10, el inciso final -EDL 2014/36939- incluye una regla de prevalencia de la norma o medida más protectora, “con independencia del rango normativo y del grado de especialidad”,  pudiendo ocasionar problemas de colisión con normas sectoriales.
- El artículo 15.5 -EDL 2014/36939- se refiere a las “entidades urbanísticas especiales dependientes de las administraciones de base territorial”, y entre sus competencias no menciona expresamente la sancionadora, como de hecho disponen la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca (Estatutos aprobados por el Pleno del Consell de Mallorca el 10 de noviembre de 2008) y el Consorcio para la Protección de la Legalidad del Suelo Rústico en Menorca (Estatutos adoptados el 12 de mayo de 2005).
- Utilización de conceptos jurídicos indeterminados en la definición de suelo urbano, en los servicios urbanísticos básicos y en los asentamientos en suelo rural (artículos 24, 25 y 26 -EDL 2014/36939-), tales como “grado de consolidación suficiente”, “características adecuadas”, “legalmente implantados”.
- Ámbito material amplísimo de los planes especiales (artículo 45 -EDL 2014/36939-), los cuales pueden ser autónomos del plan general.
- La posibilidad de suspender hasta un máximo de cuatro años la tramitación y aprobación de los planes de desarrollo, instrumentos de gestión, otorgamiento de licencias y presentación de comunicaciones previas (artículo 50 -EDL 2014/36939-).
- La competencia de determinados municipios para aprobar de forma definitiva las modificaciones de “determinaciones no estructurales” de los planes generales (artículo 53.1 b -EDL 2014/36939-).
- Produce cierta extrañeza que los instrumentos de planeamiento puedan aprobarse de modo definitivo por efectos del silencio positivo, cuando se trata de disposiciones de carácter general, operando la ficción del silencio administrativo en los actos, no en los reglamentos (artículo 54 -EDL 2014/36939-).
- Las excepciones al servicio urbanístico básico de alcantarillado o evacuación de aguas residuales, permitiendo las fosas sépticas, así en los asentamientos en medio rural (artículos 26, 42.2 b -EDL 2014/36939-), posibilidad de exclusión por el planeamiento de la necesidad de este servicio (disposición adicional octava -EDL 2014/36939-), y de habilitar transitoriamente, durante tres años desde la vigencia del Decreto Ley 4/2013, de 21 de junio, el otorgamiento de licencias de obras en suelo urbano de uso residencial -EDL 2013/99753- (disposición transitoria cuarta -EDL 2014/36939-). Estas previsiones pueden producir colisiones con las directivas comunitarias en materia de medio ambiente.
- Previsión en el artículo 116.4 -EDL 2014/36939- de la recepción municipal de las obras en el corto espacio de cuatro meses desde la solicitud.
- La disposición adicional séptima -EDL 2014/36939- prevé unos plazos supletorios al planeamiento respecto de la ejecución de las obras de urbanización, de 6 meses para iniciarlas y 2 años para concluirlas, contados “desde la entrada en vigor” de la LOUS.
- La posibilidad de inclusión en el plan general como suelo urbano (común o asentamiento en medio rural), los suelos transformados en la fecha de entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 13 de junio -EDL 2012/114821- (disposición adicional sexta -EDL 2014/36939-), cuya subsunción exigirá en muchos supuestos, precisamente por la utilización de conceptos jurídicos indeterminados, la emisión de dictámenes periciales para determinar si determinados terrenos son o no suelo urbano, de gran importancia a efectos de expropiaciones, de indemnizaciones por anteriores desclasificaciones, a la hora de obtener licencias, entre otros supuestos.
- El “indulto” previsto en la disposición transitoria décima -EDL 2014/36939- respecto de edificaciones sitas en suelo rústico, fuera de ordenación, y habiendo transcurrido el plazo de prescripción de 8 años para el restablecimiento de la legalidad urbanística, a fin de obtener su legalización en un plazo de 3 años desde que el Consell Insular respectivo apruebe el reglamento que menciona el precepto.
Esta medida ha sido la más comentada de la LOUS, a consecuencia de los efectos que podría conllevar, barajando cifras de hasta 25.000 casas ilegales.
Responde al siguiente tenor literal:
“Disposición Transitoria Décima -EDL 2014/36939-. Procedimiento extraordinario de incorporación a la ordenación de edificaciones existentes en suelo rústico
1. Las edificaciones existentes en suelo rústico, respecto de las cuales a la entrada en vigor de esta ley ya no procediera adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, por manifiesta prescripción de la infracción según la normativa de aplicación, se podrán incorporar a la ordenación en el plazo máximo de tres años, con todos los derechos y deberes inherentes a las obras realizadas con licencia.
Para la aplicación de lo anterior en terrenos incluidos en el ámbito de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears -EDL 1991/12772-, se entenderá que ha prescrito la infracción si se acredita la existencia de la edificación con anterioridad al día 10 de marzo de 1991, siempre que no se haya efectuado en la misma, con posterioridad, un cambio de uso.
A estos efectos, el procedimiento se sustanciará por la persona interesada ante el ayuntamiento correspondiente, donde se solicitará la legalización junto con la documentación gráfica y escrita relativa a la edificación en su estado real y proyecto de incorporación de medidas de adecuación a las condiciones generales de integración ambiental y paisajística que la ordenación, si procede y a efectos de esta incorporación, establezca, sin que les sean de aplicación los parámetros y las condiciones urbanísticas aplicables con carácter general a las edificaciones en suelo rústico.
A los únicos efectos de aplicar el procedimiento previsto en esta disposición, cuando la edificación que se pretende legalizar tenga un uso prohibido, el inicio del cómputo del plazo de prescripción en cuanto a la infracción para este uso se entenderá iniciado en el momento en que se acredite su implantación. Esta misma regla se aplicará en los casos de edificaciones que hayan sido objeto de cambio de uso con posterioridad a su construcción.
2. La anterior incorporación no resultará de aplicación a las edificaciones que, de acuerdo con el planeamiento vigente, queden sujetas a expropiación, cesión obligatoria y gratuita o derribo o cuando en las edificaciones se desarrollen actividades sujetas a la previa declaración de interés general.
Asimismo, no resultará de aplicación a aquellas edificaciones existentes situadas en dominio público y en las servidumbres derivadas de la legislación de costas.
3. La legalización estará sujeta al pago de las mismas tasas y de los mismos impuestos previstos en la normativa para las nuevas edificaciones. Asimismo, la persona interesada deberá abonar al ayuntamiento una prestación económica. Las cantidades ingresadas por este concepto deben destinarse a la adquisición, la recuperación, la protección y la gestión sostenible de espacios y recursos naturales o su incorporación al patrimonio municipal de suelo.
La prestación económica a que se refiere el párrafo anterior se fijará por aplicación de los siguientes porcentajes al coste de ejecución material de la edificación legalizada que se fije en el expediente de legalización:
a) El 15%, si la legalización se realiza en el primer año de la vigencia de este procedimiento.
b) El 20%, si se realiza en el segundo año.
c) El 25%, si se realiza en el tercer año.
4. Esta disposición entrará en vigor una vez que, en el ámbito insular respectivo, haya sido adoptado acuerdo plenario del consejo insular por mayoría absoluta. Este acuerdo plenario se publicará en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y el plazo de tres años a que se refiere el apartado 1 de la presente disposición comenzará a contar a partir de dicha publicación”.
Las serias dudas y el escepticismo planean sobre la virtualidad práctica de la aplicación de esta medida legalizadora excepcional, aplazada en su operabilidad, en tanto en cuanto no se desarrolle reglamentariamente por los Consells. Por otro lado, depende de la actuación de los particulares, quienes deben acudir al Ayuntamiento correspondiente, “confesando” que disponen de una construcción ilegal en suelo rústico, debiendo acompañar la documentación técnica y gráfica que se menciona, y además deben abonar las tasas, impuestos y una prestación económica que puede alcanzar el 25% del coste de ejecución material, e incluso, a pesar de este “acto de constricción”, se les puede incoar un expediente sancionador si el uso es prohibido, al computar el plazo de prescripción desde que inician los trámites de esta legalización extraordinaria.
Notas a pié de página:
1)  Estatuto de Autonomía de Baleares, aprobado por Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero -EDL 1983/7459-. En la actualidad se encuentra vigente la modificación global producida por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de marzo -EDL 2007/6160-.
2) Al amparo del artículo 148.1.3ª CE -EDL 1978/3879-, se incluyó en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero -EDL 1983/7459-, y actualmente en el artículo 30.3 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero -EDL 2007/6160-.
3) El artículo 15 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial, LOT -EDL 2000/89628-, redactado conforme al artículo 11 de la Ley 7/2012, de 7 de junio -EDL 2012/114821-, dispone que “1. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en esta ley son vinculantes para los instrumentos de planeamiento urbanístico en todos aquellos aspectos en que sean predominantes los intereses públicos de carácter supramunicipal.
4) Competencias otorgadas, primero, mediante la delegación efectuada por la Ley 9/1990, de 20 de junio, de atribución de competencias a los Consells Insulars en materia de Urbanismo i Habitabilidad -EDL 1990/13787-, y, segundo, en la actualidad aparecen consignadas como competencias propias en el artículo 70 del Estatuto de Autonomía -EDL 1983/7459-.
5) Revista “El Derecho”, día 1 de noviembre de 2011.
6) Se erigen unas relaciones de cooperación entre la legislación autonómica y normativa insular análogas a las operadas entre la legislación estatal básica y la normativa de desarrollo.
7) Unido a las entidades públicas que se están constituyendo entre algunos Consells Insulars y municipios para llevar a cabo una labor de colaboración con los éstos en el cumplimiento de sus competencias sancionadoras, como la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca (Estatutos aprobados por el Pleno del Consell de Mallorca el 10 de noviembre de 2008) y el Consorcio para la Protección de la Legalidad del Suelo Rústico en Menorca (Estatutos adoptados el 12 de mayo de 2005).
Este artículo ha sido publicado en el "Boletín Urbanismo", el 1 de abril de 2014.

 

 

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