Tribunal Supremo y Poder Judicial
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha recibido hoy en la sede del órgano de gobierno de los jueces al comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, al que ha agradecido su labor de mediación para la renovación del CGPJ y ha dado cuenta de la marcha del proceso de reordenación de la institución en este nuevo mandato.
En la reunión, en la que también han participado los vocales Bernardo Fernández y Alejandro Abascal, los representantes del CGPJ han destacado que, tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, la elección de la presidencia del órgano de gobierno de los jueces se ha producido con plena independencia y mediante la búsqueda de los más amplios acuerdos y consensos y han asegurado que esa misma línea de actuación se seguirá en el funcionamiento de la institución.
Reconocimiento a la labor del Tribunal Supremo
La presidenta del TS y del CGPJ ha señalado asimismo que la cobertura del centenar de vacantes -entre cargos gubernativos y plazas de magistrado/a del Tribunal Supremo- que existen actualmente se llevará a cabo, tal y como avanzó en el discurso pronunciado en el acto de apertura del Año Judicial, con plena transparencia e independencia y atendiendo estrictamente a los principios de mérito y capacidad.
Además, ha destacado el notable esfuerzo realizado durante estos años por los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, que ante el elevado número de vacantes en su planta han seguido prestando sus servicios redoblando el esfuerzo para que la situación del alto tribunal no arrastrase peores consecuencias para los ciudadanos.
Informe del CGPJ sobre el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial
Por último, durante el encuentro los representantes del CGPJ han anunciado al comisario europeo su intención de poner en marcha de inmediato los trabajos para elaborar un informe sobre el sistema de nombramiento de los vocales de procedencia judicial en los plazos fijados por la ley.
La disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, establece que el CGPJ elaborará, en el plazo de seis meses, “un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos”.
La propuesta “será trasladada al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación”.
Ministerio de Justicia
Asimismo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido una reunión esta mañana en Madrid con el comisario europeo de Justicia saliente, Didier Reynders, antes de que se forme el nuevo colegio de comisarios.
Durante el encuentro, el ministro Bolaños le ha trasladado su gratitud por el importante papel que ha desempeñado la Comisión Europea y, en especial, la vicepresidenta Jourová y el propio comisario, en el desbloqueo de la renovación del Consejo del Poder Judicial de España que ha permitido normalizar el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces.
Asimismo, el ministro Bolaños ha presentado al comisario las grandes líneas del Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Consejo de Ministros este martes, a imagen del Democracy Action Plan de la Comisión y de las normas europeas en materia de desinformación y protección de los medios de comunicación.
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