La vinculación de ambas firmas permite ampliar el abanico de riesgos cubiertos por el Smart Compliance, ofreciendo una solución real para el control de los riesgos legales del software, que actualmente es la segunda preocupación de los departamentos de sistemas.
Benjamín Prieto, Socio de Andersen, ha destacado que “todas las compañías se mueven en un entorno digital, que les obliga a establecer fuertes medidas de seguridad que garanticen el funcionamiento de la empresa y el control de sus datos y sistemas, al tiempo que se ven obligadas a endurecer sus protocolos para cumplir con la normativa que no solo se aplica en caso de incidentes, sino que contempla la prevención de riesgos y establece, además, importantes sanciones económicas y responsabilidades penales para las personas jurídicas”.
“Esta alianza entre Andersen y CSV se une al proyecto iniciado entre el despacho y S2 Grupo para consolidar así una solución jurídico-tecnológica única en el mercado que aúna experiencia y know how, con asesoramiento en cumplimiento legislativo, servicio tecnológico y de auditoría de software. Esto permite ofrecer una respuesta integral a la creación y uso de sistemas desde una perspectiva tecnológica y asegurando el cumplimiento de las numerosas obligaciones establecidas tanto en el marco nacional como europeo”, ha aseverado Prieto.
Carlos Garmendia, CEO de CSV, ha argumentado al respecto que “el control del software es más importante ahora que nunca, ya que es la propia continuidad de la empresa y su responsabilidad la que dependen de ello. De hecho, los propios procesos de control y ciberseguridad de las corporaciones dependen de un buen gobierno del software, por lo que sus vulnerabilidades pueden producir impactos en cadena. Gracias a esta alianza estamos en condiciones de enlazar los protocolos de compliance software a los programas de Compliance Corporate de las organizaciones generando modelos de protección desde el buen gobierno del software”.
La importancia de los sistemas de gestión de Compliance Software como modelos de buen gobierno es la mejor garantía en materia de responsabilidad de los Consejos de Administración y viene exigida por el marco normativo y acrecentada por una nueva y creciente regulación europea y nacional.
En concreto, el Real Decreto de seguridad de las redes y sistemas de información aprobado el pasado 26 de enero, que desarrolla la norma de 2018 y establece un gran número
de nuevas obligaciones para los operadores de servicios esenciales y prestadores de servicios digitales, o el proyecto de Reglamento sobre Resiliencia Operativa Digital (DORA), que introduce nuevos requisitos de control para el sector financiero en referencia a los operadores TIC.
