Estas multas, que afectan a los letrados mientras realizan labores de defensa en dependencias policiales, ponen en riesgo el ejercicio libre y autónomo de la abogacía y, por ende, el derecho fundamental de defensa de los ciudadanos, a juicio del ICAM.
En los últimos meses, la Junta de Gobierno del ICAM ha concedido amparo colegial hasta en nueve casos en los que abogados han recibido multas y han sufrido incidentes en comisarías mientras defendían a sus clientes. Entre estos, destacan el de una letrada multada con 700 euros tras sufrir un trato inapropiado y amenazante por parte de un agente policial o el de un abogado del Turno de Oficio sancionado con 601 euros por "desobediencia a la autoridad" mientras prestaba asistencia letrada a un detenido. En ambas situaciones, el ICAM otorgó amparo a los letrados, subrayando que estas sanciones vulneran el principio de libertad e independencia en el ejercicio de la abogacía.
Durante la reunión, el decano del ICAM, Eugenio Ribón y Javier Mata, diputado responsable de Defensa de la Abogacía, defendieron ante la Delegación del Gobierno que el derecho de defensa es un derecho fundamental y que, como tal, no puede verse afectado de forma desproporcionada.
"La defensa letrada se encuentra en el núcleo de los derechos de los ciudadanos, y cualquier restricción a su ejercicio debe ser proporcional y causar el menor daño posible al desarrollo de sus funciones," manifestó el decano Eugenio Ribón. Añadió que el ICAM seguirá actuando con firmeza para proteger la dignidad y libertad profesional de sus colegiados, ya que las sanciones impuestas no solo representan un quebranto a estos principios, sino que limitan injustificadamente el derecho de defensa.
El ICAM ha solicitado a la Delegación del Gobierno la implementación de medidas que garanticen el respeto a la labor de los abogados en dependencias policiales y que eviten que las intervenciones policiales se traduzcan en sanciones injustas y desproporcionadas que obstaculicen su trabajo. Esta intervención se enmarca dentro del compromiso de la institución para proteger los derechos y libertades de la ciudadanía, a través de una abogacía libre e independiente.
"Cada vez que un abogado es sancionado de forma injustificada mientras defiende los derechos de sus clientes, no solo se vulnera la libertad e independencia de la abogacía, sino que también se lesiona el derecho fundamental de defensa de todos los ciudadanos.
Las sanciones desproporcionadas que se están imponiendo a nuestros compañeros son inaceptables y representan una amenaza a la función de la abogacía como garante de la justicia. Desde el ICAM, trabajaremos incansablemente para que esta situación se revierta y para que la labor de los abogados sea respetada y protegida en todo momento"; señala Javier Mata, diputado responsable de Defensa de la Abogacía.
El amparo colegial en la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa
En esta misma línea, el diputado responsable de Defensa de la Abogacía, Javier Mata, lamenta que el Parlamento no haya consolidado el refuerzo de la figura del amparo colegial en la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa al decaer la enmienda aprobada en Comisión en el Senado que así lo recogía:
“Hemos pedido con insistencia que el amparo colegial se reforzara en esta norma para implicar al órgano administrativo o judicial cuestionado, de tal forma que le obligue a abrir un expediente por cada incidencia denunciada, se investigue y se dicte resolución acorde a la gravedad de la perturbación de la dignidad, independencia o libertad de un abogado o abogada”.
Extranjería
Otro punto crucial abordado en la reunión fue la limitación en la solicitud de citas para la toma de huellas dactilares a través del sistema electrónico. Actualmente, los abogados que tramitan citas en nombre de sus clientes mediante certificado digital se encuentran con una restricción de solo tres citas por solicitud, lo cual dificulta enormemente la atención ágil y eficiente de los procedimientos.
Además, el ICAM ha instado a la Delegación del Gobierno a ampliar el número de citas disponibles en la comisaría de Santa Engracia, la única en Madrid donde se pueden llevar a cabo estos trámites. Con el creciente volumen de solicitudes, resulta urgente que el sistema se adapte para ofrecer un número adecuado de citas, agilizando así la documentación de profesionales que contribuyen activamente al tejido económico y social del país.
El ICAM insiste en la necesidad de una gestión más eficiente y acorde a la demanda actual, para evitar retrasos en estos trámites esenciales y facilitar la labor de los abogados que representan a sus clientes en estos procesos.
“El acceso eficiente a los trámites de extranjería es fundamental para el trabajo de los abogados y abogadas y para la satisfacción de las necesidades de sus clientes, que en muchos casos son profesionales extranjeros y empresas que desean establecerse y contribuir en España. Desde el ICAM, pedimos ampliar el número de citas y flexibilizar el sistema de reservas para que los abogados puedan realizar su trabajo con la rapidez y eficacia que esta demanda requiere. Además, hemos propuesto que en la resolución de la oficina de extranjería ya venga asignada la cita para huellas en policía”, explica Emilio Ramírez, Diputado responsable de Extranjería.
Plazas de aparcamiento en comisarias y centros de detención
Finalmente, el ICAM ha trasladado la necesidad de contar con plazas de aparcamiento para la abogacía de guardia en las comisarias y centros de detención en la región. Una demanda que la Junta de Gobierno viene reclamando y sobre que se han conseguido avances significativos pero insuficientes al no cubrir la integridad de los centros de detención.
En la reunión con la Delegación del Gobierno han participado la subdelegada Pilar Trinidad Núñez, así como la directora del Área de Trabajo e Inmigración, Paloma Pérez Cortijo, y el secretario general, Pablo Izquierdo; y, por parte del ICAM, el decano Eugenio Ribón y los diputados Javier Mata, Emilio Ramírez y Lola Fernández Campillo.
