En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo adopta esta decisión mientras se resuelve el recurso presentado por los tres magistrados: Joaquín Sánchez Ugena, presidente de la Sección Primera, María Dolores Sánchez y Juan Antonio Calle Peña.
Los jueces sancionados pidieron la suspensión de la sanción mientras se resuelve su recurso al entender que, "de no acordarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse daños de imposible reparación, en cuanto se les impediría ejercer su profesión temporalmente, con el consiguiente trastorno para la actividad jurisdiccional del órgano colegiado y perjuicio para su imagen".
Además, alegaron que, si se decide finalmente revocar la sanción, "el recurso habría perdido su sentido si previamente ya se hubiera ejecutado la sanción, haciendo recaer sobre los recurrentes las consecuencias de la resolución impugnada de forma irreversible", mientras que la suspensión de la ejecución de la sanción "no supone inconveniente alguno para el posterior cumplimiento de la sanción".
El Supremo atiende su solicitud al entender que "la valoración circunstanciada de los intereses en conflicto demanda que se acuerde la medida cautelar solicitada, pues frente a los daños que se causarían a los magistrados expedientados, el interés público no se vería perjudicado" y para los magistrados constituiría "el cumplimiento de una sanción que eventualmente puede ser anulada".
El Supremo recuerda, además, que la Fiscalía defendió la inexistencia de infracción alguna y la sanción fue adoptada con el voto particular de cuatro miembros del CGPJ.
El órgano de Gobierno de los jueces calificó los hechos de "falta grave" del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".
Los hechos
El CGPJ, que tomó esta decisión por 17 votos a favor y 4 en contra, se inclinó de este modo por la propuesta del instructor, consistente en diez días de suspensión de funciones para los magistrados, frente a la petición de archivo por parte de la Fiscalía.
Los magistrados fueron denunciados por el retraso en una causa judicial derivada de una compraventa realizada en el año 2002, en el que dictaron tres sentencias absolutorias, sucesivamente anuladas por el Tribunal Supremo, y acabaron condenando "por imperativo de lo resuelto por la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
