El encuentro, moderado por Roberta Poza Cid - diputada del ICAM y presidenta del consejo editor de ‘Otrosí’ e impulsora de este ciclo-, contó con las intervenciones de Ángel de la Fuente (FEDEA), Ana de la Herrán (Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado), Elisa de la Nuez (Fundación Hay Derecho), así como de Eugenio Ribón (decano del ICAM) y Amelia Pérez Zabaleta (decana del Colegio de Economistas de Madrid) que inauguraron el acto.
Un diagnóstico técnico: riesgos del pacto catalán
El consenso entre los ponentes fue claro: la propuesta de ERC-PSC, que plantea otorgar mayor soberanía fiscal a Cataluña mediante el control exclusivo de sus impuestos estatales y una reducción significativa de su contribución solidaria, compromete tanto la equidad interterritorial como la sostenibilidad del modelo de Estado.
Ángel de la Fuente (director general de FEDEA) ofreció un análisis exhaustivo de los problemas del sistema actual y los riesgos de la reforma propuesta. Señaló que el sistema de financiación autonómica español, aunque mejorable, es superior al de muchos países avanzados, como Alemania o Australia, y comparable al canadiense. Destacó que la financiación de Cataluña está en la media nacional cuando se considera el esfuerzo fiscal ajustado, desmintiendo la idea de un "maltrato fiscal".
Explicó que, según los datos, Cataluña ha estado consistentemente en la media de financiación por habitante ajustado durante dos décadas. "La narrativa del maltrato fiscal no tiene respaldo en las cifras", afirmó. Asimismo, advirtió que la adopción de un modelo foral para Cataluña requeriría desviar miles de millones de otras comunidades, socavando los servicios públicos esenciales y profundizando la desigualdad.
Según De la Fuente, "esta reforma no solo pone en peligro la cohesión territorial, sino que también inicia una deriva confederal que podría dejar al Gobierno central sin recursos suficientes para cumplir con sus funciones constitucionales", explicó.
Riesgos constitucionales y modelo de Estado
Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, calificó la propuesta como "antidemocrática y una anomalía", ya que el acuerdo entre dos partidos de ámbito territorial excluye a la ciudadanía y a las comunidades autónomas directamente afectadas. "Es un pacto que, de forma opaca, asume acríticamente los mantras independentistas, rompiendo con los principios de igualdad y solidaridad establecidos en los artículos 2 y 149 de la Constitución", afirmó. Además, comparó este acuerdo con precedentes controvertidos como la Ley de Amnistía, argumentando que consolida una visión nacionalista que fragmenta la cohesión estatal.
De la Nuez advirtió que este tipo de reformas, motivadas por intereses políticos bilaterales, ponen en riesgo la cohesión territorial y deben abordarse con un análisis técnico riguroso y un debate democrático transparente.
Asimismo, subrayó que cualquier modificación del sistema de financiación autonómica debe garantizar la igualdad entre ciudadanos, respetar el Estado de Derecho y promover la eficiencia económica. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para preservar la confianza pública, involucrando a la sociedad civil en el debate. Además, insistió en que el equilibrio entre la autonomía financiera de las comunidades y la solidaridad interterritorial es fundamental para evitar desigualdades que afecten la estabilidad del modelo de Estado.
Asimismo destacó los problemas constitucionales de extender un régimen fiscal similar al foral vasco a Cataluña, calificándolo de inconstitucional e insolidario. "El régimen foral, diseñado como una excepción histórica, no puede convertirse en la norma para otras comunidades sin fracturar la base del modelo constitucional", advirtió.
Fragmentación de la Agencia Tributaria
Por su parte, Ana de la Herrán (presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado) alertó sobre las graves consecuencias prácticas de fragmentar la Agencia Tributaria en sistemas fiscales independientes. "Un sistema desarticulado encarecería la gestión tributaria, aumentaría el fraude y erosionaría los servicios públicos", subrayó. Además, insistió en que un sistema fiscal eficiente y unificado es crucial para garantizar la equidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La visión de los Colegios de la Abogacía y de Economistas
Amelia Pérez Zabaleta, decana del Colegio de Economistas, destacó que esta reforma supondría un "salto al vacío" al eliminar la voz y voto de las comunidades autónomas en decisiones que afectan sustancialmente sus competencias. Resaltó que los antecedentes de regímenes forales como los del País Vasco, Navarra y el régimen especial de Canarias, junto con modelos internacionales como el alemán, ofrecen lecciones importantes sobre los riesgos de una financiación singular y sus impactos en la solidaridad territorial. "Estamos ante el mayor reto desde la transición, y resulta alarmante que esta propuesta no haya sido convenientemente detallada ni sometida a un debate público riguroso", subrayó.
Eugenio Ribón, decano del ICAM, destacó en su intervención la importancia de abordar el debate desde un enfoque técnico y dentro del marco del Estado de derecho. Subrayó que la financiación autonómica no es un tema meramente administrativo, sino que tiene implicaciones profundas para la estructura del Estado y la cohesión territorial.
"Como guardianes del Estado de derecho, nuestra misión es garantizar que cualquier reforma en este ámbito respete los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Es esencial prevenir arbitrariedades y priorizar el bien común sobre intereses coyunturales. La reforma de la financiación autonómica debe ser jurídica y económicamente viable, y cumplir con los principios que sustentan nuestra convivencia democrática: transparencia, seguridad jurídica y equidad," afirmó el Decano.
Conclusiones: llamamiento a un debate técnico y transparente
Los ponentes coincidieron en que la propuesta no es solo inviable económicamente, sino que representa un cambio de modelo de Estado que amenaza con la deriva confederal y la desintegración territorial. Advirtieron que cualquier reforma debe respetar los principios del Estado de Derecho, garantizar la igualdad entre ciudadanos y comunidades, y asegurar la sostenibilidad del sistema público.
La jornada concluyó con un llamado unánime a garantizar que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica respete los principios de transparencia, solidaridad y corresponsabilidad fiscal, involucrando a expertos, ciudadanos y representantes de todas las comunidades autónomas en un debate público amplio.
"Es imprescindible un enfoque técnico riguroso y democrático que preserve la cohesión territorial y el equilibrio del Estado," finalizó Roberta Poza Cid.
