Según ha informado el Ministerio Público en un comunicado, también realizarán labores de control de los supuestos regulados para las comunidades autónomas, especialmente en los aspectos relativos a las quemas ilegales de rastrojos.
En un oficio dirigido a los fiscales delegados de esta especialidad, Vercher recalca que la prevención de incendios "es una prioridad para la Fiscalía", por lo que reclama "un mayor compromiso de todas las autoridades con competencia en la materia".
El objetivo, explica, es que "los fiscales dispongan de la información precisa para que puedan hacerse una composición de tiempo y lugar sobre estos siniestros y puedan coordinar la actuación de las instituciones competentes".
A este respecto, recuerda que "sigue vigente la iniciativa del Ministerio Público de indicar a administraciones, propietarios y empresas titulares de vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas, e incluso campamentos situados en zonas forestales, la obligación de adoptar las medidas de prevención oportunas, ya que se trata de lugares con alto riesgo de incendio forestal".
El Ministerio Fiscal esgrime que "el aumento gradual de las temperaturas y el menor volumen de precipitaciones con carácter general hacen preciso extremar la vigilancia".
2022, uno de los peores años
En este sentido, señala que en el primer trimestre de 2023 ya se han producido 2.408 siniestros, dos de ellos grandes incendios con una superficie afectada de más de 41.000 hectáreas, sin incluir el ocurrido en Asturias.
Asimismo, apunta que 2022 fue uno de los peores años desde que se tiene registro respecto a los efectos de los incendios forestales. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Cambio Demográfico, aportados por las comunidades autónomas, la superficie forestal afectada (267.939,64 hectáreas) casi triplicó la media de los últimos 10 años (94.249,00 ha).
Por otra parte, destaca que el número de grandes incendios forestales (los que superan las 500 hectáreas), fue casi tres veces superior: 57 en 2022, frente a la media de los últimos 10 años que se sitúa en 21.
