Ha quedado constituido el grupo de Trabajo de Implantación de la III Fase de Justicia Digital en la jurisdicción penal de la Audiencia Nacional. A la reunión han asistido el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; la secretaria de Gobierno, M.ª Jesús Fraile; el presidente de la Sala Penal, Alfonso Guevara, así como magistrados, letrados de la Administración de Justicia y fiscales de los órganos implicados.
Se inician así los trabajos que culminarán en la digitalización de la tramitación de la jurisdicción penal en la Audiencia Nacional, que en esta fase alcanzará al Juzgado Central de lo Penal, el Juzgado Central de Menores con funciones de Vigilancia Penitenciaria, y el Servicio Común de ejecución penal, completando un proceso que ya había alcanzado un importante volumen en las dos fases anteriores, a pesar de la complejidad de la tarea.
La digitalización de la jurisdicción penal constituye el proceso más complicado por la naturaleza de las causas que lleva la Audiencia Nacional, la complejidad de las mismas, contando con muchas partes afectadas y una ordenación procedimental caracterizadas por el uso de piezas separadas, así como un gran volumen de actos procesales.
Además de ser la Audiencia Nacional, un órgano judicial complejo, había que atender a la integración con digitalizaciones de su entorno, aspecto en el que se ha conseguido una plena interoperabilidad. Es el caso de la integración con las administraciones públicas, donde se ha alcanzado una cifra de más de 32.000 peticiones automáticas desde la Audiencia Nacional a las mismas, al tiempo que se han integrado automáticamente más de 55.000 expedientes administrativos en el sistema de gestión procesal de la Audiencia.
Por su parte, las fiscalías que prestan servicio en la Audiencia Nacional ―Fiscalía ordinaria de la AN, Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía Antidroga―, en las que ya se implementó la Fiscalía Digital en el año 2020, se verán también beneficiadas con este proceso, que aumentará su capacidad de interacción digital con los órganos judiciales implicados en esta tercera fase. Además, se incorpora la digitalización de la Fiscalía de Menores.
Digitalizados ya los órdenes jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo y de lo social, se culminará así la digitalización de la jurisdicción penal.
La digitalización integral de los órganos centrales es una prioridad para el Ministerio de Justicia de cara a optimizar la gestión procesal y homogeneizar la forma de trabajar en todos los órganos judiciales del territorio gestionado por este Ministerio, ya digitalizados desde 2018.
Entre los beneficios que aporta este proceso destacan el intercambio más ágil de información judicial; la reducción de los tiempos de gestión del Expediente; y la homogeneidad del tratamiento de expedientes judiciales electrónicos y de las tareas con el resto del territorio Ministerio de Justicia, además de poder disponer desde el inicio y en formato electrónico de las actuaciones procesales procedentes de otros órganos jurisdiccionales.
