El Ministerio de Justicia estudia incluir en su proyecto de revisión del actual sistema de tasas judiciales, impulsado en su momento por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, la eliminación de la obligación de su pago, al menos en la primera instancia, para las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
El departamento que dirige Rafael Catalá está ultimando un informe dirigido a modificar la actual ley que beneficiará, además, a las personas físicas afectadas por esta tasa y que se acerca a las reivindicaciones que vienen planteando sectores profesionales como la abogacía.
La Ley de Tasas en la Administración de Justicia se aprobó en noviembre de 2012 y apenas tres meses después y tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas en determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
Sin embargo, varios sectores profesionales, con el Consejo General de la Abogacía a la cabeza, expresaron su oposición a la reforma porque no modificaba la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas físicas en este tributo.
Al suceder a Gallardón al frente del Ministerio de Justicia el pasado mes de septiembre, el nuevo ministro, Rafael Catalá, anunció que las tasas volverían a revisarse y ya tiene casi ultimada la propuesta que piensa elevar en breve al Consejo de Ministros. Eso sí, tiene que recibir el visto bueno también del Ministerio de Hacienda ya que podría suponer merma de ingresos para las arcas públicas.
Facturación y número de empleados
La eliminación del pago de tasas afectaría así a aquellas empresas que no superen los 250 trabajadores en plantilla y alcancen un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros. Supone un paso más en la propuesta perfilada por el Ministerio que había avanzado su intención de mantener el gravamen para las personas jurídicas (sociedades y empresas).
Se prevé que la decisión final la tome en breve el Consejo de Ministros y aún está por ver cómo se hará efectiva la reforma de la ley vigente. Así las cosas, la nueva revisión de la ley de tasas podría hacerse vía enmienda transaccional a la Ley de Justicia Gratuita previa aprobación del citado informe.
