El año nos ha dejado numerosas novedades legislativas, muchas de ellas marcadas por el desacuerdo de los grupos parlamentarios o de los colectivos involucrados en las reformas.
Desde enero a diciembre, el Gobierno ha aprobado diferentes leyes y reformas, algunas de las cuales intentaremos resumir brevemente. Entre las medidas aprobadas por el Ejecutivo, se encuentra la recuperación de parte de la paga extraordinaria de los empleados públicos correspondiente al año 2012, un asunto que debido a la crisis se estancó y que en 2015 se ha retomado. Se realizaron modificaciones en la Carrera Militar que afectan entre otros al personal retirado por discapacidad, al pase a la reserva y el consiguiente ascenso de determinados oficiales y suboficiales, así como a las disposiciones derivadas de situaciones de acoso sexual o por razón de sexo.
Otra de las novedades que ha creado diferentes tipos de opinión, ha sido la Ley de Seguridad Nacional que se inició en 2013 y que tiene como objetivo regular las situaciones de los estados de alarma, excepción y sitio.
La Ley del Voluntariado pretende regular el acceso al voluntariado, para evitar que los condenados por trata de seres humanos, violencia de género, violencia doméstica o terrorismo participen en proyectos, que tienen como beneficiarios a los menores, a las familias y a las mujeres. En relación a la nueva Ley del Tercer Sector, el proyecto se sustenta en tres pilares: reforzar la capacidad del Tercer Sector como interlocutor de la Administración General del Estado, definir las medidas para la sostenibilidad de este ámbito y configurar un nuevo marco jurídico.
Respecto al ámbito laboral, se han sucedido diferentes cambios como el nuevo sistema de formación para el empleo con el que sindicatos y patronal dejarán de tener el control de la gestión y gasto de los recursos destinados a la formación, y les quedará encomendado el diseño estratégico de los cursos. El Consejo de Ministros aprobó el pasado año los textos refundidos de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Empleo. Los dos textos refundidos fueron abordados junto con los agentes sociales que los valoraron positivamente, señalando que facilitarán el conocimiento de las normas de ámbito laboral a los ciudadanos. Para el 2016, las pensiones se revalorizarán el 0,25% y el SMI elevará hasta los 655,20 euros mensuales.
El colectivo de trabajadores autónomos también ha vivido cambios en la profesión con la aprobación de la Ley de Fomento del Trabajo autónomo y de la Economía Social, entre las medidas más relevantes de esta ley, está la ampliación de la 'tarifa plana' para los autónomos, fijándose la cuantía de la cuota por contingencias comunes en 50 euros exactos durante seis meses, además de ampliarse, con independencia de la edad del solicitante, la posibilidad de que los parados capitalicen hasta el 100% de la prestación por desempleo para facilitar la inversión y los gastos iniciales de la apertura de un negocio; algo que en palabras del Gobierno, conllevará la creación de empleo.
Otro de los cambios llevado a cabo durante 2015 ha sido la inscripción de los recién nacidos desde los hospitales, este nuevo sistema sustituirá al desplazamiento hasta las sedes de los registros que debían efectuar hasta el momento los padres en los días posteriores al nacimiento para inscribir a sus hijos en el Libro de Familia.
Gracias a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, los ciudadanos ya pueden acudir a las notarías españolas para contraer matrimonio, además, el texto introduce la elevación de la edad de contraer matrimonio que pasa de los 14 a los 16 años, entre otros asuntos.
El ámbito tributario ha sufrido cambios ya que el Gobierno dio luz verde a dar publicidad de los obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, y de los condenados por delito fiscal. Asimismo se introduce una nueva infracción tributaria grave con el fin de profundizar en la lucha contra el fraude fiscal.
La Ley de Segunda Oportunidad ha sido otra de las novedades acaecidas durante el año 2015, cuyo objetivo es ofrecer una posibilidad a las personas físicas y pymes sobreendeudadas de buena fe para que puedan retornar a la economía productiva y no tengan que arrastrar una deuda de por vida.
Uno de los temas que tuvo repercusión y que a pesar de las opiniones en contra que hubo ha sido aprobado, con algunas modificaciones, fue la ley del aborto que introduce que las menores de 16 y 17 años tendrán que contar con el consentimiento paterno para abortar.
Respecto a los accidentes de tráfico, debemos mencionar la creación del baremo de daños y perjuicios causados en accidentes de circulación, esta norma permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la rápida resolución de los conflictos y la garantía de una indemnización suficiente. Otra de las novedades es que las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las diferentes comunidades autónomas los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.
Durante el pasado año ha habido temas de actualidad e interés como fue la declaración inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional sobre la resolución independentista catalana.
Pero si debemos destacar los cambios que han sido protagonistas en 2015, esos son los relacionados con el ámbito de Justicia, como el nuevo Código Penal que trae consigo la prisión permanente revisable, se lleva a cabo una revisión técnica de la regulación del decomiso, se tipifican nuevos delitos de matrimonio forzado y se refuerza la punición de los llamados delitos de corrupción en el ámbito de la Administración pública (intoduciendo nuevas figuras delictivas), entre otros asuntos.
Una de las novedades legislativas cuya aprobación quisieron retrasar diferentes colectivos, fue la Ley de Enjuicimiento Criminal, que manifestaban que aún no estaba completa y que debía analizarse en profundidad para realizar cambios. Esta ley fue tramitada en dos Proyectos de Ley, uno de carácter orgánico y otro ordinario. Entre los cambios, el texto modifica los tiempos de instrucción y sustituye el plazo de un mes actual por otros realistas (los asuntos sencillos contarán con una instrucción de seis meses mientras que en los temas complejos se permitirán hasta dieciocho meses prorrogables por otro plazo similar). La norma también regula el derecho a la asistencia letrada en los procesos penales y se establece que los términos "imputados o procesados" se sustituirán por "investigados o encausados".
En el ámbito de Justicia se crea el Estatuto de la Víctima del delito, que parte de un concepto amplio de víctima, por cualquier delito y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio, y comprende a la víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados. Esta norma también regula la organización y funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de delito.
El Gobierno creó el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que entrará en vigor el próximo 1 de marzo de 2016, y al que deberán acudir todas las personas que trabajen o realicen labores de voluntariado en contacto con menores de edad para acreditar ante su empleador que no tienen antecedentes por abuso de menores o similares, tal y como impone la Ley de Protección de la Infancia, cuya norma refuerza la protección de los menores ante situaciones de violencia de género y de abusos sexuales, así como de malos tratos, y subraya la atención y asistencia a menores de colectivos más vulnerables, como menores extranjeros o menores con discapacidad, además, tiene como objetivo agilizar los trámites de adopción y los procesos de acogimiento, de modo que no será necesaria la intervención del juez.
En el mes de julio fuimos partícipes de la modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye diferentes cambios, entre los que podemos destacar que las Salas de Gobierno podrán modificar las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, Penal, de Menores, Vigilancia Penitenciaria, Contencioso-Administrativo o Social, para agilizar la Justicia; los jueces y magistrados, los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia podrán solicitar la prolongación en el servicio activo hasta los 72 años; los secretarios judiciales pasan a denominarse letrados de la Administración de Justicia y se les dota de nuevas competencias cuando las leyes procesales lo establezcan, como la mediación o la tramitación y, en su caso, resolución de procedimientos monitorios; se promueve la lucha contra la violencia de género y se regula, por primera vez, el deber de efectuar declaración de bienes y derechos por parte del presidente, los vocales y el secretario general del CGPJ.
No podemos olvidar el objetivo, impulsado por el Gobierno, de conseguir el "papel cero" en los juzgados con la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta reforma, que persigue el objetivo de que se elimine el uso del papel en los Juzgados, pretende así implantar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales. Ya está en vigor, desde el pasado 1 de enero, y obliga a que las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales se realicen de forma exclusiva a través de medios informáticos y en todos los órdenes jurisdiccionales. El Gobierno regula por tanto las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia a través de LEXNET.
Después de las elecciones celebradas el pasado 20 de diciembre y a falta de formarse el nuevo Gobierno, 2016 se presenta como un año de adaptación a los cambios acontecidos durante 2015.
