Consentimiento informado para evitar la reclamación civil profesional

¿Es posible aconsejar en el ejercicio de la abogacía la práctica del «consentimiento informado al cliente»?

Foro Coordinador: Vicente Magro Servet

Planteamiento

Se analiza por cinco Juristas la siguiente cuestión:

Nos planteamos si se recomienda a los abogados la realización del «consentimiento informado» en el ejercicio de su profesión para evitar la reclamación de responsabilidad civil profesional advirtiendo al cliente de las posibles consecuencias del actuar profesional al modo y manera que realizan los médicos.

Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 15 de septiembre de 2017.

(Puedes consultar Legislación y Jurisprudencia en nuestra Base de Datos).

Puntos de vista

Joaquín Tafur López de Lemus

El consentimiento informado, tal como ha sido definido y conformado por el Tr...

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Luis Alberto Gil Nogueras

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS 21-8-98, entre otras) configura la...

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Alberto Pérez Ureña

La cuestión propuesta en esta ocasión cada día tiene mayor relevancia prá...

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Enrique García-Chamón Cervera

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Luis Antonio Soler Pascual

Define la L 41/02, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y o...

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Resultado

1.- El art.13.9.a del Código Deontológico -EDL 2002/111983- (adaptado al Estatuto General de la Abogacía Española aprobado por RD 658/2001, de 22 junio -EDL 2001/23497-; código aprobado en el Pleno 27-9-02 y modificado en el Pleno 10-12-02, que entró en vigor el día 1 de enero de 2003), que dispone que «el Abogado tiene la obligación de poner en conocimiento del cliente, incluso por escrito, cuando éste lo solicite del mismo modo, su opinión sobre las posibilidades de sus pretensiones y resultado previsible del asunto».

2.- Según el Tribunal Supremo las obligaciones asumidas en este contrato de prestación de servicios son variadas y no pueden ser fijadas de antemano. En realidad sólo de modo parcial la Jurisprudencia los ha delimitado. Así la STS 14-7-05 -EDJ 2005/116838- habla entre ellos del de informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos.

Por consiguiente cada vez más se propugna la conveniencia de que el profesional refleje por escrito el cumplimiento de tal información a su cliente.

3.- Pese a que la información del abogado a su cliente, tanto antes del encargo como a lo largo de su ejecución, entendemos, no puede tener la misma relevancia que en las prestaciones médicas para la imputación de la responsabilidad civil profesional médica, donde es esencial el consentimiento informado, sí que es cierto que cada día son más las voces que aconsejan, y letrados que lo llevan a la práctica, su plasmación por escrito en la denominada hoja de encargo profesional que recoge no ya solo los tradicionales aspectos básicos de la relación contractual que documenta (objeto de la prestación y honorarios a percibir) sino una información lo más completa y detallada de los «pros y contras», riesgos del asunto o conveniencia o no del acceso a los Juzgados y Tribunales, costos totales, gravedad de la situación y probabilidad de éxito o fracaso. Además la plasmación escrita de esta información (que ya hemos indicado, suele hacerse de forma verbal) facilita enormemente al abogado la prueba de su diligencia.

4.- La información dada por el letrado al cliente relativa a su opinión sobre las posibilidades de las pretensiones y resultado previsible del asunto [art.13.9.a) CDAE -EDL 2002/111983-] es más que aconsejable que se haga por escrito, plasmándola en la hoja de encargo profesional o contrato de prestación de servicios, con una extensión razonable y de la forma más detallada posible, donde se concluya haciendo una advertencia del estilo siguiente: «(...) el cliente se encuentra perfectamente informado en relación a los riesgos que pudieran existir respecto al resultado y de que los servicios objeto del contrato no ofrecen certeza en cuanto al mismo, asumiendo el riesgo y ventura de dicho resultado».

5.- La jurisprudencia no ha formulado con pretensiones de exhaustividad una enumeración de los deberes que comprende el ejercicio de este tipo de actividad profesional del abogado pero se han perfilado únicamente a título de ejemplo algunos aspectos que debe comprender el ejercicio de esa prestación: informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos (TS 14-7-05 -EDJ 2005/116838-).

En conclusión, bien sea por la aplicación a la relación Abogado-cliente de la normativa sobre consumidores, bien sea por la aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad civil de estos profesionales, parece necesario que el Abogado informe a su cliente, antes del inicio de la actividad profesional, de forma que le resulte comprensible, sobre la línea de defensa de sus intereses que va a seguir, sus características, sus consecuencias y sus riesgos.

6.- El fracaso con previsión evidente, el pleito absurdo, ilógico o irracionalmente planteado constituye, desde un punto de vista jurídico, una forma de daño derivado de un incumplimiento profesional por quien tiene el deber de información esencial sobre la viabilidad de una pretensión determinada, todo lo cual nos lleva a responder el planteamiento que se formula en el sentido de que lo relevante no es tanto la de obtener un consentimiento informado del cliente como la de haber cumplido con una de las obligaciones que comprende el deber de medios del profesional del derecho que es la de informar, cuando menos en determinados casos, en especial los más evidentes de riesgo de fracaso o, por supuesto, inviabilidad, sobre el escenario o escenarios posibles en atención a las probabilidades de éxito que el encargo del cliente puede tener conforme a los hechos y derecho aplicable al caso, teniendo en cuenta que a la postre, tal deber informativo debe haberse realizado en forma tal que permita a quien tiene tal obligación, el letrado, acreditar su realización.