Los Veintiocho han fijado a nivel de embajadores ante la UE su posición de cara a las negociaciones que deben comenzar ahora con los representantes del Parlamento Europeo para aprobar definitivamente las nuevas reglas.
Así, los denunciantes tendrán que utilizar antes los canales internos de la entidad antes de recurrir a otras instancias, como las autoridades públicas. Sin embargo, incluye una excepción que permitirá acudir directamente a entidades externas o incluso a publicar información en casos específicos, por ejemplo cuando exista un peligro "manifiesto o inminente" sobre el interés público.
Además, las empresas y autoridades que han sido informadas de un caso de corrupción tendrán que dar una respuesta al denunciante en un plazo de tres meses, con la posibilidad de extender este tiempo a seis meses aunque únicamente para canales externos y en "casos debidamente justificados".
Los Estados miembros han introducido un artículo para establecer las condiciones que debe cumplir un denunciante para estar protegido por la normativa en caso de que haya hecho pública la información. Además, han añadido una serie de perfiles profesionales que podrían tener acceso a prácticas ilegales en un contexto laboral, como trabajadores, funcionarios, voluntarios, becarios o accionistas.
La posición negociadora de los países del bloque comunitario mantienen el ámbito de aplicación propuesto por la Comisión Europea para la normativa, que incluye áreas como la contratación pública, los servicios financieros, la salud pública o la lucha contra el blanqueo de capitales.
Con esta propuesta legislativa, el Ejecutivo comunitario pretende responder con mecanismos legales a escándalos recientes de revelaciones como el de Facebook y Cambridge Analytica, los llamados Papeles de Panamá o el Dieselgate.
