La palabra lobby viene asociándose tradicionalmente en nuestra sociedad a movimientos oscuros y de dudosa legalidad, a través de los cuales, grandes corporaciones o grupos de presión influyen en los poderes públicos para conseguir regulaciones favorables a sus intereses. La actividad de lobby, en sí misma, no solo es, y ha de ser, perfectamente legítima, sino que supone una forma de participación en la gestión política imprescindible en los países democráticos. La línea que separa lo legal de lo ilegal en el terreno del lobby es una línea delgada y, en todo caso, muy difícil de percibir para los ciudadanos. Es una materia precisada de regulación, de controles éticos y de cumplimiento normativo. Una materia en la que el compliance tiene mucho que decir, y que requiere una toma de conciencia tanto de los estados como de los propios grupos para llegar a regulaciones claras y dotadas de todos los instrumentos de control que demanda el fenómeno lobby.
Durante las ponencias, se abordará este fenómeno en sectores como el alimentario, el farmacéutico, el tecnológico, el financiero, el medio ambiental, el minero y el de los medios de comunicación, con la participación de periodistas de medios como El Confidencial, El Español y El Comercio. Además, tendrán lugar dos conferencias expertas, de la mano de Mark Quiner, director del National Conference of State Legislature Center for Etichs in Government, quien hablará sobre la regulación de los lobbies, y Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español, con una exposición sobre el lobby y sus fronteras con los delitos de cohecho y de tráfico de influencias. En las diversas mesas de debate, participarán expertos de destacadas empresas privadas y representantes de entidades públicas. Pilar Ayuso, ex eurodiputada, María González, responsable legal para mercados emergentes de Google España, René Ortiz, ministro de Energía del Gobierno de Ecuador, y Paula Andrea Ramírez Barbosa, procuradora delegada para la casación penal ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, son solo algunos de los profesionales que participarán, así como los representantes de empresas como UBER, Pascual, Bimbo y Novartis, entre otras.
Para este congreso, se abrirá la participación a todas las personas interesadas, que podrán inscribirse y participar en todas las conferencias de manera gratuita.
Además, una segunda modalidad de inscripción, con un coste de 15 euros, permitirá obtener un certificado de participación y acceder a todos los contenidos y grabaciones del evento desde un campus virtual, para consultarlas cuando se desee.
El evento cuenta con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE-OECD) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y con la participación de entre otras entidades, de la editorial jurídica Lefebvre.
