INMOBILIARIO

Conclusiones alcanzadas en el Congreso Nacional de Colegios de Administradores de Fincas de Baleares, 5 a 7 de junio 2014

Tribuna

Se recogen las siguientes conclusiones técnicas alcanzadas en el Congreso nacional de colegios de administradores de fincas colegiados de baleares los días 5 a 7 de junio 2014. Se indican de forma específica a las que, además, se refieren a propuestas de reforma legislativa.

Materias objeto de debate y conclusiones:

1.- Propiedad Horizontal.

2.- Arrendamientos Urbanos.

3.- Presidentes de comunidades de vecinos.

4.- Anteproyecto de Ley de Servicios profesionales.

5.- Responsabilidad civil y penal del Administrador de fincas.

6.- El administrador de fincas. Presente y futuro.

1.- PROPIEDAD HORIZONTAL.

1.- ¿Cuál es el quórum para la adopción de un acuerdo de instalación de tubos de salida de humos por el titular de un restaurante, aparatos de aire acondicionado, toldos en las comunidades, etc?

Es el fijado en el art. 10.3 b) LPH -EDL 1960/55- reformado por la Ley 8/2013 -EDL 2013/104919- de 3/5 del total de propietarios y cuotas, ya que afecta a lo que se refiere la fachada del edificio, pero alcanzado el día de la junta, ya que el art. 17.8 LPH impide aplicar el uso del voto presunto a los acuerdos que impliquen aprovechamiento privativo.

2.- ¿Qué ocurrirá si la junta no aprueba la instalación de los tubos de salida de humos al restaurante o los aparatos de aire acondicionado en los pisos? ¿Existe alguna diferencia en el tratamiento de pisos o locales a la hora de modificar o usar elementos comunes?

En estos casos hay que llevar cuidado porque aunque el quórum sea el fijado en el art. 10.3, b) LPH -EDL 1960/55- el Tribunal Supremo está dotando de una especial protección a los locales en estos casos, y así por ejemplo, la Sentencia del TS 25 de abril 2013 -EDJ 2013/55868- reconoce la necesidad de que los locales puedan llevar a cabo reformas aunque afecten a elementos comunes siempre que no causen un perjuicio objetivable a la comunidad en aras a potenciar el buen desenvolvimiento de su negocio atendiendo a la realidad social protectora de los locales en momentos como el actual de crisis. Sin embargo, los pisos no tienen idéntica protección, por lo que si los locales demandan la denegación de la autorización por la junta se les podría autorizar judicialmente si se aprecia que las obras son adecuadas a lo que precisa el local y no causan perjuicio a la comunidad. No ocurre así, sin embargo, con los pisos.

3.-¿Cómo resolver el problema creado por la Ley 8/2013 en el art. 17.8 LPH -EDL 1960/55- con respecto a la negativa a permitir el uso del voto presunto en aquellos acuerdos que supongan un aprovechamiento privativo y que requieren para su aprobación nada menos que 3/5 el mismo día de la junta sin poder contar con el voto de los ausentes?

Habida cuenta que el art. 17.8 LPH impide el uso del voto presunto del ausente en los casos de aprovechamiento privativo como son los citados en la pregunta nº 1 y ello complica la adopción del acuerdo al tener que concurrir la votación a favor de los 3/5 del total de propietarios y cuotas resultará que habrá que buscar alguna fórmula que flexibilice la adopción de estos acuerdos.

Conclusión: Se recomienda que ante las peticiones de comuneros relativa a llevar a cabo utilización de elementos comunes en obras para aprovechamiento privativo (cerramiento terrazas, salidas de humo, toldos, aparatos de aire acondicionado) se planteen para la junta en el orden del día como acuerdos marco en general, a fin de permitir el uso del voto presunto que haga más asequible la adopción de los acuerdos que requieran de quórum privilegiado. Con ello, solo se exigiría el día de la junta aprobación por mayoría simple.

Lo aconsejable, así, es aprobar un acuerdo marco para que al no tratarse de un aprovechamiento privativo sea posible aplicar la intervención del voto presunto del ausente y por ello "escapar" del rigor del art. 17.8 LPH. A partir de ese acuerdo cualquier comunero que pretenda llevar a cabo cualquiera de estas instalaciones solo tendrá que ajustarse a lo acordado en el acuerdo marco mediante una petición al presidente de la comunidad de que se ajustará a lo acordado en la junta en ese acuerdo marco.

4.- ¿Es posible adoptar un acuerdo por mayoría simple privando a los morosos del uso de los elementos comunes?

Esta pregunta debe ser objeto de matizaciones:

El art. 9.1 e) LPH -EDL 1960/55- señala que:

e) Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.

En principio hay que señalar que la Ley en modo alguno anuda que este incumplimiento lleve consigo la posibilidad de la privación de uso de elementos comunes que no supongan habitabilidad o accesibilidad a su inmueble.

Lo que hay sobre esta cuestión es una Resolución de la DGR de 23 de octubre de 2012 -EDD 2012/239077- sobre una denegación por un registrador de la propiedad de una escritura de acuerdo de prohibición de uso de elementos comunes a morosos que la DGRN declara válida señalando que "la cláusula estatutaria, por tanto, se reputa ajustada a derecho, ya que ni contraviene ninguna norma imperativa expresa, ni conculca el contenido mínimo del derecho de propiedad, visto que únicamente supone una privación temporal de la facultad de uso, respecto de unos elementos que no son necesarios para el adecuado uso y disfrute del correspondiente elemento privativo, y ello como consecuencia de la conculcación, por el propio sujeto que va a sufrir tal suspensión, de las normas que regulan el sostenimiento del inmueble."

La Dirección General de los Registros y del Notariado admite la inscripción estatuaria de prohibir el uso de la piscina y la pista de tenis a los propietarios morosos, por considerar que se trata de elementos comunes que no son necesarios para la habitabilidad, seguridad o accesibilidad de un inmueble, y que por tanto la prohibición de su uso no vulnera el derecho de propiedad.

En principio se sigue recomendando que no se prive del uso de los servicios comunes, ya que no hay norma legal que respalde esta opción y lo que debe hacer la comunidad es reclamarle civilmente la deuda. La privación de estos servicios incluso podría ser un ilícito penal de coacción por lo que la prudencia debe aconsejar reclamar por el juzgado la deuda al no tener cobertura legal esta opción.

Sin embargo, aunque existe doctrina discrepante al respecto podría llegar a entenderse en la línea con esta resolución que podría acordarse por mayoría simple la privación de uso de los elementos comunes que no sean los destinados a la habitabilidad del inmueble, tales como uso de piscina, zonas recretativas, etc,

Sin embargo, para clarificar este tema se propone una reforma legal:

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL:

Podríamos obtener una conclusión dirigida a entender que: Ante la creciente morosidad existente en las comunidades de vecinos que está perjudicando el normal desenvolvimiento de estas y atender los pagos de empleados y proveedores se propone la modificación de la LPH en el sentido de modificar el art. 6 LPH -EDL 1960/55- para adicionar un párrafo 2º que señale que:

"La junta de propietarios podrá aprobar por mayoría simple la privación del uso de elementos comunes a los morosos que no sean esenciales para el ejercicio del derecho de propiedad ni afecten a la habitabilidad del inmueble. Quien, una vez impuesta la prohibición por hallarse en situación de morosidad, incumpliera tal prohibición y desatendiere los requerimientos de la comunidad de cumplimiento de la orden podrá ser sancionado con una multa de entre 500 y 1.000 euros, pudiendo embargarse directamente el inmueble en caso de impago, a fin de proceder a la ejecución de la deuda sobre el mismo por los cauces de la ejecución forzosa previstos en la LEC. Sin embargo, no se privará del uso de los elementos comunes a los hijos de los propietarios morosos"

5.- ¿Cometería algún delito el presidente como representante de la comunidad si se ha adoptado ese acuerdo y le requiere al comunero de que no puede hacer uso de determinados elementos comunes?

Incluso la privación del uso podría dar lugar a una falta de coacciones impuesta al presidente de la comunidad. Un caso así se da en la sentencia de la AP de Las Palmas de fecha 18 de febrero de 2010 en la que se condenó por el juez de instrucción al presidente de la comunidad por una falta de coacciones por privar del servicio de agua a un moroso. Se entiende que tal falta de coacciones no concurriría en los casos de privación de uso de elementos comunes no esenciales para la habitabilidad del inmueble.

6.- ¿Es aconsejable que los administradores de fincas actúen como mediadores?

Conclusión: "El administrador de fincas colegiado es un experto en Propiedad Horizontal y arrendamientos urbanos que por su cualificación, formación y pertenencia a un colegio profesional que garantiza una adecuada prestación de estos servicios, puede ser designado por los ciudadanos para que colabore en la solución de los conflictos de los ciudadanos."

"Los administradores de fincas colegiados están en disposición de garantizar a los ciudadanos con conflictos en sus comunidades una adecuada formación para ser designados mediadores en PH y LAU".

7.- ¿Cómo pueden derivarse a la vía de la mediación civil los conflictos de las comunidades de vecinos?

Por acuerdo por unanimidad para incluirlo en los estatutos para que cualquier controversia que surja en la comunidad deba iniciarse siempre por la vía de la mediación.

Por acuerdo en junta por mayoría simple para delegar en el presidente para someter a mediación un conflicto determinado. Y luego por decisión del comunero de acuerdo con la comunidad.

8.- ¿Puede denegarse el embargo preventivo que la comunidad solicita si el comunero deudor se opone al monitorio?

El proceso monitorio ha sido creado por el legislador como medio de obtener el cobro rápido de determinadas deudas evitando que el acreedor tenga que acudir necesariamente a un proceso declarativo.

Se ha de estimar que concurren los requisitos necesarios para decretar el embargo preventivo cuando se solicita en el ámbito de las obligaciones que al copropietario le competen con la Comunidad de Propietarios de la que forma parte. La apariencia de buen derecho es evidente, en los términos que son necesarios en este momento procesal. Sin embargo, ante las dudas que está creando en algunos órganos judiciales la posibilidad de acordar el embargo preventivo del inmueble aunque la suma reclamada por la deuda no guarde proporción con el valor del bien se propone una reforma legal, aunque bien entendido que el criterio claramente aplicable debe ser el de la adopción del embargo preventivo del inmueble por deudas de gastos de comunidad.

Conclusión:

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL DEL ART. 21 LPH DE ADICIÓN.

La solicitud y admisión del embargo preventivo ante una reclamación por gastos de comunidad se llevará a cabo sobre el bien inmueble de la finca cualquiera que sea el importe de la reclamación que efectúa la comunidad de propietarios. El embargo preventivo del bien inmueble del deudor con independencia de la cuantía reclamada es una de las garantías en el procedimiento del art. 21 LPH -EDL 1960/55- para proteger al acreedor frente al incremento de la morosidad.

9.- Los titulares de pisos o locales pueden cambiar el destino de los mismos sin necesidad de autorización de la junta salvo que esté prohibido en el título o estatutos de forma expresa.

10.- Con respecto al art. 9 LPH -EDL 1960/55- y la afección real del adquirente, ante los problemas derivados de la limitación de la asunción de la deuda de los adquirentes al llegar solo al año corriente y los tres anteriores se efectúa la siguiente propuesta de reforma legislativa, a fin de evitar que las comunidades sean las perjudicadas cuando un titular vende su inmueble y debe gastos de comunidad más allá de la afección real.

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL: DE ADICIÓN AL ART. 9 LPH

La responsabilidad por afección real se debería extender en una reforma legal del art. 9 LPH a toda la deuda del inmueble sin limitación alguna para que fuera asumida por el adquirente y que entre vendedor y comprador practicaran los pactos que tuvieran por conveniente pero que la comunidad quedara al margen de quedarse como deudora cuando, además, ha habido una compraventa y un pago al vendedor que es moroso de la comunidad.

11- El art. 10.3.b de la LPH -EDL 1960/55- (división material, construcciones, alteraciones, cerramientos) es de aplicación para todas la comunidades de propietarios o únicamente a los complejos inmobiliarios a que se refiere el artº 17.6 de la ley del suelo?.

Este artículo es de aplicación a todas las comunidades de propietarios.

Si bien el Art. 10.3.b) de la LPH nos habla de los requisitos del Art. 17.6 de la Ley del Suelo -EDL 2008/89754-, el último párrafo del mentado artículo considera complejo inmobiliario a toda comunidad de propietarios (organización unitaria en donde se distinguen elementos privativos, sujetos a titularidad exclusiva y elementos comunes).

Ahora, además del consentimiento de los titulares afectados y la autorización administrativa, el acuerdo requiere el voto expreso de las 3/5 partes de propietarios y cuotas de los que asistan presentes o representados a la Junta ya que no puede computarse como favorables los de los propietarios ausentes a los efectos del Art. 17.8 de la LPH.

12.- ¿Puede cualquier propietario insolente a los efectos del art. 10.1 a) de la LPH -EDL 1960/55- obligar a la comunidad a efectuar una obra que considere necesaria?

Si es una obra impuesta por la Administración, es de obligado cumplimiento.

Si un Propietario solicita una reparación que entiende es necesaria y urgente, deberá valorar el Administrador y Presidente si esa reparación solicitada es realmente necesaria o meramente "subjetiva". La solución es encargar un informe pericial y tras ello convocar una Junta de Propietarios.

13- ¿Tienen las subcomunidades personalidad propia e independiente para poder accionar judicialmente para cualquier cuestión distinta a su organización interna?

El art. 2 d) LPH -EDL 1960/55-, implica un reconocimiento de una realidad como son las subcomunidades.

Ahora bien, el hecho de que un edificio funciones a través de subcomunidades de hecho, no significa que se ha extinguido la comunidad general.

Las subcomunidades no tienen por sí mismo la personalidad propia y distinta a la comunidad general, salvo para su organización interna, por lo que cualquier acción judicial, excepto posiblemente la de reclamación a sus morosos, deben ser instadas por la comunidad general de propietarios que es la que legalmente está constituida y por ende capacitada para ser parte en los procesos ante los Tribunales Civiles.

2.- ARRENDAMIENTOS URBANOS.

14.- La comunidad no puede intervenir como tal en el tipo de contrato de arrendamiento que hace un comunero, sea de temporada o turístico. Sí que podría demandar al comunero si los inquilinos que de forma reiterada alquilan el inmueble causan molestias a la comunidad inhibiéndose el arrendador tras haber sido requerido por ello por la comunidad.

15- ¿Cuál es la diferencia entre un arrendamiento de temporada y el arrendamiento de viviendas turísticas?

El arrendamiento de temporada se caracteriza por la finalidad de la ocupación que es ajena a la que se efectúa como residencia habitual del arrendatario. Esta ocupación en el arrendamiento de temporada es ocasional, accidental y por razones distintas a la residencia permanente, sin que el arrendador preste ningún servicio.

La reforma de la LAU ha introducido, como novedad, la exclusión expresa de la cesión de viviendas de uso turístico.

Desde el prisma de la Legislación Balear y sin perjuicio de otras opiniones, estamos ante esta figura jurídica:

1.- Cuando el arrendador es un empresario turístico.

2.- Que sea comercializada o promocionada en canales de oferta turística.

Es decir, que la oferta esté dirigida al destino turístico de la vivienda.

Para mí son los canales por los que se valen los empresarios del sector turístico para promocionar su negocio.

3.- Cuando se incluyan en la cesión, servicios complementarios como:

-Servicio de limpieza.

-Lavandería, cambio de ropa de cama o baño.

-Desayunos, servicio de habitaciones, etc.

16- Los contratos sometidos a tacita reconducción por haber finalizado su duración inicial, así como las prorrogas legales, por qué ley se regulan?

Se estará a la fecha del contrato.

17- ¿Qué requisitos deben tener las notificaciones electrónicas del art. 4.6 para garantizar lo que en él se establece?

Primero señalar que es sola una posibilidad. El precepto incluye la palabra "podrán".

Estamos ante una mera e ineficaz previsión normativa ya que con los actuales sistemas no es factible que se garantice con las notificaciones electrónicas la autenticidad de la comunicación y de su contenido y mucho menos la constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegra.

Únicamente una contestación o acuse de recibo de la otra parte podría, en su caso, dar validez a la comunicación.

18- ¿Seria legalmente correcto en base a la libertad de pactos introducida en art. 4.2 LAU -EDL 1994/18384- acordar con el arrendatario una duración contractual mínima inferior a la del art. 11 y de preaviso? ¿Podríamos entender que se trata de una primicia aparente de la voluntad de las partes, a la vista de su enunciado?

No, porque el Art. 6 LAU no ha sufrido modificación y por tanto son nulas y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifique en perjuicio del arrendatarios las normas del título II de la LAU.

19- En el supuesto del art. 17.5 LAU -EDL 1994/18384- si finalizado el contrato el arrendatario no hubiese finalizado las obras, se le podrían reclamar por juicio de desahucio con acumulación de rentas?

No. Entiendo que el propio Artículo nos remite a al resolución del contrato por incumplimiento y esa debe tramitarse a través del procedimiento ordinario.

Con la actual normativa procesal entiendo que en el juicio sumario de desahucio, que no tiene condición de cosa juzgada, no cabe discrepancia sobre obras realizadas o incluso introducción de pruebas periciales respecto a acreditar la realización o no de las obras.

20.- En el caso de que la vivienda arrendada se adjudique al cónyuge no arrendatario, tiene el arrendatario inicial derecho a recuperar la fianza y la garantía adicional si la hubiera?

No, porque el contrato no se modifica sino únicamente la persona del arrendatario manteniéndose las mismas condiciones. No puede dejarse sin garantías al arrendador.

21.- ¿Quien determina que son obras de mejora, en el supuesto del art. 19.1? en qué momento se han debido efectuar, antes del inicio del contrato o durante la vigencia del mismo? como el precepto habla de subvenciones públicas, se puede entender la rehabilitación de fachada, el cambio o instalación de ascensor o cualquier obra que suprima las barreras arquitectónicas como obras de mejora. o se está refiriendo el precepto a las obras efectuadas en el piso o local arrendado.

Debemos salir de la base que el Art. 22 LAU -EDL 1994/18384-, únicamente obliga al arrendatario a soportarlas cuando su ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento.

Obvio es que esas obras de mejora y por tanto no necesarias para la habitabilidad de la vivienda pueden realizarse, si razonablemente no puede diferirse, en cualquier momento.

El plazo de tres años previsto en el Art. 19.1 LAU, lo es únicamente para posibilitar al arrendador el aumento de renta por la obra, salvo que exista un pacto de exclusión.

3. PRESIDENTES DE COMUNIDADES DE VECINOS

22.- Los presidentes de comunidades de propietarios deben confiar la administración de fincas en acuerdo adoptado en junta de propietarios a los administradores de fincas colegiados como auténticos garantes de la prestación de un servicio de calidad en la administración de fincas.

23.- La relación entre el presidente de la comunidad y el AF debe ser fluida y estar basada en la mutua confianza al objeto de que el presidente debe confiar en el buen quehacer del AF ayudándole para el buen desarrollo de la gestión de la comunidad.

24.- El presidente de la comunidad debe actuar como un pacificador de conflictos en la comunidad, evitando crearlos y siendo auxiliado en este objetivo por un administrador de fincas colegiado.

25.- Debe exigir respeto a los comuneros para que estos lo tengan para con los órganos de gobierno de la comunidad y a su vez estos actuar con dedicación para el buen funcionamiento de la comunidad.

26.- El presidente de la comunidad actúa siempre por mandato de la junta de propietarios en aquellas cuestiones de relevancia que comprometen a la comunidad. Para las de mera administración diaria puede gestionarlas con el AF. Las juntas directivas no pueden sustituir la acción y voluntad de las juntas de propietarios.

4.- ANTEPROYECTO DE LA LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES.

27.- Es deseable que el Anteproyecto de ley de servicios profesionales (ALSP) no vea la luz en las condiciones en que está redactado. Los colegios profesionales deben ser partícipes en la redacción de este texto y se debe contar con ellos en positivo y no en negativo.

28.- Si en la vida ocurren cosas, la doctrina científica las debate y el legislador debe adecuar la norma para dar solución a estos problemas. El ALSP no da respuesta a los problemas del ejercicio de las profesiones, sino que empeora su regulación.

29.- Europa ha dicho que hay que cambiar el sentido de las profesiones, pero no en la forma en que se ha regulado en el ALSP. En modo alguno Europa dice que se debe atacar a las profesiones colegiadas, ni no exigir que la colegiación pueda ser obligatoria.

30.- La regulación de las profesiones es básica en un Estado de Derecho dando autonomía a los colegios profesionales y reforzando su posición en la sociedad.

31.- Consecuencias negativas de la no colegiación:

a.- Para la Administración en general porque los colegios profesionales son los interlocutores con esta en las materias que han sido o van a ser objeto de desarrollo legislativo.

b.- Para los ciudadanos. Se les deja en el olvido. Sigma II ha realizado una encuesta donde se concluye que el 82,3% de los encuestados sostiene que la colegiación obligatoria es una garantía para los propietarios y el 79,8% apuestan por la necesidad de conseguir un código deontológico para que el profesional lo cumpla.

c.- Para la sociedad. El administrador de fincas colegiado es útil para la sociedad. Se promovió una iniciativa legislativa popular para promover una reforma legislativa de la LPH, entre otras actuaciones.

d.- Para la conservación del patrimonio urbano. El administrador de fincas colegiado se preocupa para que los inmuebles se adecuen a la normativa aprobada.

32.- Los colegios no perjudican la libre competencia y, además, libre competencia no quiere decir que cada uno haga lo que quiera y como quiera hacerlo.

5.- RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DEL ADMINISTRADOR DE FINCAS

33.- La comunidad no puede intervenir como tal en el tipo de contrato de arrendamiento que hace un comunero, sea de temporada o turístico. Sí que podría demandar al comunero si los inquilinos que de forma reiterada alquilan el inmueble causan molestias a la comunidad inhibiéndose el arrendador tras haber sido requerido por ello por la comunidad.

34.- Del administrador de fincas se exige una actuación correcta en su gestión, no una obtención de un resultado concreto en la comunidad.

35.- Si se aprueba un acuerdo para destinar un importe a una partida concreta no se puede alterar el destino de ese importe para cubrir otras necesidades aunque fuere urgente. Para estas últimas tendrá que adoptarse un acuerdo ad hoc.

6.- EL ADMINISTRADOR DE FINCAS. PRESENTE Y FUTURO.

36.- El administrador de fincas se encuentra en estos momentos ante un cambio estructural de la profesión y de cambio de modelo que negocio que ya ha ocurrido y todavía no hemos asumido.

37.- Sin tiempo para pensar por el agobio diario de la profesión pasan los días y no se establecen prioridades ni estrategias a largo plazo lo que supondrá en breve un colapso para aquellos despachos que no se hayan adaptado a tiempo y la situación económica no les permita perdurar más tiempo

38.- Hemos visto pasar por nuestros ojos situaciones parecidas de nuestros proveedores y pensábamos que no nos ocurriría a nosotros sin saber que se trata de una forma de vida y que afecta a todos

39.- Tenemos que propiciar nuestras habilidades sociales frente a las técnicas si queremos tener éxito y dichas habilidades empiezan por la humildad, la voluntad y el esfuerzo

40.- El estrés es el gran problema de nuestra profesión y debemos identificar el estrés general y particular que nos genera enfermedades y que nos impiden ser felices

41.- Un futuro incierto pero predecible, sólo es cuestión de investigar y anticiparse para garantizar nuestro futuro.

42.- El administrador de fincas debe ir "partido a partido" y sin olvidar que la respuesta está en... vuestras manos. Sin esperar a ver qué ocurre con el APLSP, sino luchando por oponerse a lo que no es justo para la sociedad, luchando contra el intrusismo cada día y dejando de estar en una zona de confort y buscar aquella zona... donde suceden cosas mágicas.

43.- Tengamos los ojos abiertos y démonos cuenta que el administrador de fincas opera bajo el lema de que... "las oportunidades nacen de las dificultades". Unas dificultades que se nos siguen presentando en forma de obstáculos, pero que bajo la bandera de la unidad, la buena formación y la persistencia en los objetivos profesionales se acabará convirtiendo en la oportunidad de conseguir los dos objetivos prioritarios:

A.- Debe redactarse un texto en el que se cuente con los colegios profesionales y con un lema de salida muy claro: ¡SÍ A LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA!

Y

B.- Debe redactarse una reforma de la LPH que se adecue a las necesidades de las comunidades y los ciudadanos y contando con los administradores de fincas y los jueces para resolver los conflictos que cada día surgen en las comunidades de propietarios.

Este artículo ha sido publicado en la "Revista Derecho Inmobiliario", el 1 de julio de 2014.